El condado de Montgomery, en Maryland, ha protagonizado un escenario de detenciones de inmigrantes indocumentados recientes, enfrentando a sus funcionarios con las autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), reseñó WUSA9.
El caso de Ervin Alfaro-López, un hombre de 33 años acusado de abusar sexualmente de menores, puso de relieve el debate entre ambos. Su historial de deportaciones -dos veces- destacó la necesidad de una sólida colaboración local-federal.
A pesar de que el ICE tenía conocimiento de la reentrada ilegal de Alfaro-López en EE.UU. y de sus posteriores deportaciones en 2019 y 2020, consiguió regresar y presuntamente continuar con sus actividades delictivas. Esta situación ha suscitado un amplio debate sobre cómo rastrear y gestionar eficazmente a las personas que entran ilegalmente en EE.UU., y el abogado de inmigración José Campos, con sede en el condado de Montgomery, ha señalado la monumental dificultad de tal tarea.
La negativa del condado de Montgomery a atender estas solicitudes en determinados casos ha suscitado duras críticas del ICE, especialmente a la luz de incidentes como el trágico tiroteo en el que se vio envuelto Nilson Granados-Trejo, que se saldó con la muerte de un niño.
El ejecutivo del condado de Montgomery, Marc Elrich, anunció el compromiso de avisar al ICE con más de 48 horas de antelación antes de liberar de la custodia del condado a delincuentes graves condenados. Este ajuste de la política, según explicó el Administrador Adjunto del Condado, Dr. Earl Stoddard, pretende fomentar la cooperación con el ICE respetando al mismo tiempo las políticas jurisdiccionales locales.
Buscando el equilibrio
La postura del condado de Montgomery es clara: no se identifica como "jurisdicción santuario". El planteamiento del condado consiste en no indagar sobre el estatus migratorio de una persona, cooperando con el ICE en asuntos graves como las violaciones de las leyes de inmigración y aduanas, y haciendo frente al tráfico de drogas y de seres humanos.
Esta política está diseñada para navegar por el delicado equilibrio entre hacer cumplir las leyes de inmigración y garantizar la seguridad de todos los residentes.
El debate en curso
Mientras la comunidad lidia con estas cuestiones, las opiniones siguen divididas. Algunos residentes abogan por una reevaluación de las políticas para evitar la liberación de individuos potencialmente peligrosos de vuelta a la comunidad. Otros defienden la protección de los derechos de los inmigrantes y las garantías procesales.
