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Las nuevas medidas legislativas en Maryland pretenden reformar la supervisión de los menores delincuentes

El senador Will Smith, del condado de Montgomery, que encabeza el Comité de Procedimientos Judiciales del Senado, ha expresado el carácter crítico de estas reformas.

La Asamblea General de Maryland está trabajando diligentemente a medida que se acerca la fecha de su clausura, el 8 de abril. Credit: WUSA9

El sistema de justicia juvenil de Maryland se encuentra actualmente bajo un intenso escrutinio tras un caso de gran repercusión en el condado de Prince George que ha puesto de manifiesto importantes lagunas en la supervisión y rehabilitación de los jóvenes delincuentes.

El caso de Kaden Holland, de 16 años, que consiguió eludir la libertad condicional sólo para cometer delitos más graves, ha desencadenado un diálogo crucial en todo el estado sobre la necesidad de fortificar el sistema, reseña WUSA9.

En respuesta, la Asamblea General de Maryland está trabajando a medida que se acerca la fecha de su clausura, el 8 de abril. Tanto la Cámara de Delegados como el Senado están elaborando una legislación destinada a mejorar la supervisión de los delincuentes juveniles.

El senador Will Smith, del condado de Montgomery, que encabeza el Comité de Procedimientos Judiciales del Senado, ha expresado el carácter crítico de estas reformas. "Los niños están cayendo por las grietas, y eso es lo que intentamos evitar", explicó, señalando las deficiencias sistémicas que han permitido el deterioro de estas situaciones.

Un elemento central de las reformas propuestas es la creación de una comisión con amplios poderes de citación, una medida estratégica destinada a fomentar la transparencia y la responsabilidad dentro del sistema. Esta iniciativa pretende desvelar la dinámica operativa de las autoridades de menores, garantizando que los delincuentes no escapen a una supervisión exhaustiva.

Además, el paquete de reformas contempla ampliar la duración de la libertad condicional, dotando al sistema de justicia de menores de una flexibilidad adicional para supervisar a los delincuentes, mejorando así las perspectivas de rehabilitación.

Una propuesta especialmente polarizadora consiste en rebajar la edad a la que los niños pueden ser acusados de delitos graves por el Departamento de Servicios Juveniles, de los 13 a una edad tan temprana como los 10 años. El abogado de derechos civiles y legislador Malcolm Ruff ha hecho saltar las alarmas sobre esta medida, advirtiendo de los peligros de etiquetar a niños pequeños como delincuentes por acciones probablemente influidas por adultos. Ruff aboga por un enfoque más equilibrado y humano de la justicia juvenil, haciendo hincapié en la importancia de no penalizar a los niños por errores inducidos por adultos.

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