Texas coloco en marcha una demanda contra la nueva ampliación de los derechos LGBTQ+ en los entornos educativos de la administración Biden, cuestionando la legitimidad de las políticas actualizadas.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó la demanda en Amarillo, Texas, bajo la jurisdicción de un juez conservador, señalando una selección intencionada para favorecer la posición del estado.
Este movimiento legal pretende bloquear la aplicación de las recientes alteraciones del Título IX, una ley clave establecida en 1972 para eliminar la discriminación por razón de género en las escuelas y universidades que reciben fondos federales.
Los cambios, que entrarán en vigor en agosto, amplían ahora las protecciones para evitar la discriminación no sólo por el sexo biológico, sino también por la orientación sexual, la identidad de género y las características sexuales.
Texas argumenta en su denuncia de 30 páginas que estas nuevas directrices podrían afectar significativamente a los organismos educativos estatales que dependen de la financiación federal.
Sostienen que su confianza en las interpretaciones tradicionales de la discriminación por razón de sexo no debería verse interrumpida bruscamente.
Decisiones anteriores del juez Kacsmaryk
La elección del juez Matthew Kacsmaryk, conocido por sus decisiones conservadoras y nombrado por el expresidente Donald Trump, refleja una táctica a menudo llamada "judge-shopping".
Esta estrategia selecciona tribunales que se cree que simpatizan con la causa del demandante. Aunque hubo propuestas del grupo de formulación de políticas del poder judicial federal para frenar esta práctica mediante un sistema de asignación aleatoria de casos en todo el distrito, aún no se ampliaron en Amarillo.
Históricamente, el juez Kacsmaryk se opuso a múltiples esfuerzos de la administración Biden para reforzar las salvaguardias contra la discriminación, sobre todo en lo que respecta a los derechos sanitarios de las personas LGBTQ+.
Sus sentencias anteriores elevan lo que está en juego y ponen de relieve la naturaleza controvertida de este desafío legal.
El Departamento de Educación aún no hace comentarios públicos en respuesta a las preguntas de CNN sobre el caso.
Esta batalla legal se desarrolla en un momento en el que la actual administración refuerza cada vez más las protecciones para la comunidad LGBTQ+, a través de iniciativas como las revisiones del Título IX y la mejora de la normativa contra la discriminación en la atención sanitaria, con el objetivo de lograr un sistema sanitario más inclusivo.
A medida que avance el caso, no sólo se debatirá la amplitud de la aplicabilidad del Título IX, sino que se establecerá un precedente para futuras interpretaciones e implementaciones de las protecciones LGBTQ+ en todo el país, especialmente en áreas tradicionalmente conservadoras.
