La alcaldesa Muriel Bowser ha expresado su oposición a un proyecto de ley destinado a reformar el Departamento de Servicios para la Juventud y la Rehabilitación (DYRS). Este organismo supervisa y custodia a los jóvenes condenados por delitos en Washington.
Esta resistencia se produce en respuesta a la iniciativa del fiscal general del DC, Brian Schwalb, de remodelar las prácticas operativas del DYRS, reseña WUSA9.
El fiscal general Schwalb, manteniéndose firme en la necesidad de una reforma, cita los preocupantes retrasos en los planes de tratamiento del DYRS para los jóvenes internados. Señala que estos retrasos, que a menudo superan el requisito de 90 días establecido por la ley del DC, contribuyen significativamente a las altas tasas de reincidencia.
"Casi todos y cada uno de los chicos internados en el DYRS vuelven a ser detenidos. Eso no es aceptable", declaró Schwalb en una reciente conferencia de prensa.
En respuesta, Schwalb presentó la Ley de Reducción de la Reincidencia, Supervisión y Responsabilidad para el DYRS de 2024, abreviada como Ley ROAD. La legislación propuesta obliga a formular un plan de tratamiento en un plazo de 30 días, con el objetivo de agilizar la prestación de servicios para reducir las tasas de reincidencia.
Además, el proyecto de ley faculta a los tribunales de distrito a intervenir si el DYRS no funciona correctamente y sugiere la creación de un comité permanente de supervisión independiente para garantizar la rendición de cuentas.
La alcaldesa Bowser contraatacó, destacando su confianza en la trayectoria actual del DYRS.
"DYRS es una agencia fantástica y tenemos que centrarnos en asegurarnos de que cuentan con las personas que necesitan, y si los jóvenes necesitan estar en detención segura, están realmente en detención segura". Además, la alcaldesa Bowser admitió que no ha revisado la propuesta de Schwalb y que sigue siendo reacia a colaborar en este tipo de reformas.
Este debate se desarrolla a la luz de un informe crítico de la Oficina del Auditor del Distrito de Columbia (ODCA). El informe apuntaba al DYRS, junto con la Agencia de Servicios para la Infancia y la Familia (CFSA), por su gestión de la "juventud cruzada", es decir, los jóvenes implicados tanto en el sistema de bienestar como en el de justicia juvenil.
La auditoría de la ODCA puso de manifiesto varias deficiencias:
- Incumplimiento de la definición de juventud cruzada del Código del Distrito de Columbia.
- Identificación incompleta de las poblaciones de jóvenes cruzados.
- Ausencia de la juventud transversal en documentos clave, sistemas de gestión y políticas de la agencia.
- Falta de reconocimiento de las necesidades únicas y la gestión especializada de casos que requieren estos jóvenes.
- Comunicación, colaboración e intercambio de datos entre agencias insuficientes.
Kathy Patterson, auditora del DC, hizo hincapié en el potencial de mejora significativa, afirmando: "Nuestras agencias de bienestar infantil y justicia juvenil tienen una oportunidad real de liderar la creación de un sistema que apoye a nuestros jóvenes transversales y mejore las vidas de nuestros jóvenes más vulnerables."
