En una medida que ha desatado el debate, Oklahoma ha presentado una ley que refuerza el secreto en su proceso de ejecución. Firmada por el gobernador Kevin Stitt a finales de abril, la Ley 1702 del Senado refuerza la confidencialidad de las personas y entidades implicadas en las ejecuciones estatales, reseña OKC Fox.
Esta nueva ley se extiende a los documentos, registros y fotografías que pudieran revelar la identidad de quienes participan en el proceso de ejecución. También salvaguarda a los fabricantes de fármacos de inyección letal de ser expuestos tanto en casos civiles como penales. Los críticos sostienen que esta medida reduce la transparencia en un sistema ya de por sí plagado de controversias.
Un caso notable afectado por esta legislación es el de una demanda presentada por el abogado jubilado Daniel Hodara. Hodara ha mantenido una prolongada batalla legal con el Departamento Correccional de Oklahoma por una solicitud de registros abiertos relacionada con los fármacos para las ejecuciones. El Departamento declaró que la demanda era "discutible" tras la promulgación del SB 1702, citando el "estatuto del secreto de la pena de muerte" modificado. En una vista que se celebrará el 14 de junio se abordará el calendario del juicio de este caso en curso.
Los problemas del protocolo de ejecución de Oklahoma se remontan a 2014, cuando una escasez de pentobarbital, parte del cóctel de fármacos de la inyección letal, afectó al estado. Los farmacéuticos y las empresas extranjeras dejaron de suministrar el fármaco cuando salió a la luz su uso en las ejecuciones. En consecuencia, el estado recurrió al midazolam, un fármaco que desató la polémica debido a sus efectos incoherentes.
La ejecución de Clayton Lockett en 2014 puso de relieve estos problemas. La ejecución de Lockett, en la que se utilizó midazolam, se prolongó durante 43 minutos debido a una vía intravenosa mal insertada, lo que provocó un inmenso sufrimiento. Este incidente suscitó debates sobre la constitucionalidad del fármaco y la humanidad general del proceso de ejecución.
Las autoridades estatales declararon que el percance relacionado con la ejecución no fue culpa del médico supervisor, quien, según el Estado, no estaba realizando un procedimiento médico típico y, por tanto, no tenía ninguna responsabilidad por la inserción de la vía intravenosa.
El secretismo en el proceso de ejecución de Oklahoma no es nuevo. El estado lleva mucho tiempo ocultando información sobre sus proveedores de fármacos y otros detalles del procedimiento. El SB 1702, sin embargo, introduce una opacidad sin precedentes, ocultando potencialmente aún más aspectos del proceso a la revisión pública y legal.
