Ante la oleada de quejas sobre ciclomotores no registrados y peligrosos, la Operación Ride Right ha logrado avances significativos en la resolución de estos problemas. Lanzada el mes pasado, la iniciativa se ha saldado con la incautación de 273 ciclomotores y la imposición de 161 infracciones, según los informes policiales. Esta amplia ofensiva va más allá de la seguridad vial, ya que afecta a los casos de inmigración de muchos conductores, reseña WUSA9.
"Las autoridades han realizado al menos 81 detenciones, la mayoría por conducir sin permiso", declaró un portavoz de la policía, subrayando el amplio impacto de la campaña. Las autoridades continuarán con la iniciativa, combinando la divulgación entre la comunidad con la aplicación estricta de la ley.
Los conductores de reparto de comida de Tenleytown han sentido los efectos de la aplicación de la ley. Pedro Herrera, conductor de reparto, declaró: "No cumplíamos las leyes porque no las conocíamos. Gracias a la aplicación de la ley, ahora tenemos los documentos adecuados para seguir trabajando."
Herrera destacó la importancia del transporte en ciclomotor para trabajadores como él. Recordó que había perdido su teléfono y su ciclomotor en un robo, por lo que la represión supuso una carga adicional.
La operación Ride Right no sólo afecta a las infracciones de tráfico, sino también a las cuestiones de inmigración. José Campos, abogado especializado en inmigración, destacó las posibles consecuencias para los solicitantes de asilo recién llegados. "Conducir sin permiso es un delito penal y puede afectar al estatus migratorio. Aunque la deportación inmediata es poco probable, acumular faltas puede ser perjudicial", explicó Campos.
DC, Maryland y Virginia permiten a los inmigrantes indocumentados obtener permisos de conducir. Sin embargo, los cargos reiterados por conducir sin permiso pueden suponer un desacato a la ley en los tribunales de inmigración, confirmaron los asesores de inmigración.
Los activistas comunitarios han expresado su preocupación por el riguroso enfoque del Distrito en la aplicación de la ley. Durante una reciente mesa redonda, Abel Núñez abogó por medidas educativas junto con la aplicación de la ley. "Primero hay que enseñar a la gente, y si aun así siguen comportándose mal, después debe aplicarse la ley", dijo Núñez, promoviendo un enfoque equilibrado.
Los concejales Brianne Nadeau y Charles Allen apoyaron esta estrategia dual. "Se necesita tanto la aplicación de la ley como la educación", destacó Allen.
Dado que las autoridades estiman que sólo hay unos 150 ciclomotores debidamente registrados, el alcance del problema es significativo. Allen señaló que la legislación pretende mejorar el cumplimiento. "Hay muchos vehículos sin licencia y sin matricular. La legislación hará cumplir las normas de concesión de licencias y matriculación", concluyó.
En el exterior de un restaurante de comida rápida de Tenleytown, varios conductores de reparto de comida confirmaron que habían registrado sus ciclomotores en respuesta a los cambios en la aplicación de la ley.
La operación ya ha cambiado drásticamente el panorama para los conductores de ciclomotores en Washington DC, equilibrando las normas de seguridad con los medios de subsistencia de los repartidores de comida a domicilio. Las implicaciones más amplias para la comunidad inmigrante siguen siendo una consideración crítica a medida que avanza la represión.
