Swahili Village, un restaurante situado en la calle M, cerca de Dupont Circle, en el noroeste de Washington DC, se enfrenta a graves acusaciones de robo de salarios. El restaurante, junto con su propietario Kevin Onyona, ha llegado a un acuerdo legal por más de medio millón de dólares, que afecta a 72 trabajadores en total, reseña WTOP.
El acuerdo surgió de una demanda presentada por el fiscal general del distrito, Brian Schwalb, el año pasado. Su oficina acusó a Swahili Village de retener las propinas y de no pagar los salarios y prestaciones adecuados. Como parte del acuerdo, el restaurante pagará 260.000 dólares en salarios adeudados y daños y perjuicios directamente a los empleados afectados. Además, pagará multas superiores a 197.000 dólares a la ciudad y documentará su cumplimiento de las leyes locales sobre salarios y horarios durante los próximos tres años.
El fiscal general Schwalb hizo una declaración contundente, afirmando: "Es inaceptable, e ilegal, que las empresas roben a sus empleados trabajadores, privándoles de todos los beneficios que se han ganado y a los que tienen derecho legalmente. Los empresarios que lo hacen no sólo explotan a sus trabajadores, sino que obtienen una ventaja injusta sobre sus competidores que se atienen a las normas." Su comentario pone de relieve tanto las infracciones legales como éticas implicadas en este caso, mostrando un compromiso más amplio en la lucha contra el robo de salarios en todo el Distrito de Columbia.
La acción legal gira en torno a graves acusaciones de mala conducta, iniciadas por la propina de un empleado. Al parecer, el restaurante incurrió en un robo salarial persistente: pagaba al personal por debajo del salario mínimo, descuidaba el pago de las horas extraordinarias y no distribuía las propinas correctamente. Además, los empleados afirmaron que se les denegó la baja por enfermedad exigida por ley.
Un antiguo camarero del Swahili Village, Rowles Adams, relató su experiencia, señalando que las discordias comenzaron apenas unas semanas después de la apertura del restaurante en 2020. "Algunas personas no estaban cobrando. Algunos no estaban viendo todo su dinero, yo incluido", compartió Adams. Describió un sistema de pago caótico en el que los trabajadores recibían cheques escritos a mano por el gerente en lugar de pagos digitales procesados a través de un software de nóminas estándar.
Adams destacó la falta de formación adecuada del personal sobre el software para calcular las propinas y gestionar las horas. En Swahili Village, este sistema se utilizaba mal para las funciones básicas pero fallaba en el mantenimiento adecuado de los registros financieros. Muchos empleados, que hacían malabarismos con los estudios y los compromisos personales, se encontraron con que sus preocupaciones no eran tenidas en cuenta, lo que provocó una frustración generalizada.
La pandemia agravó aún más estos problemas, dejando a los trabajadores con pocas opciones de empleo. "Realmente no había nada más que contratara, así que aguanté todo lo que pude", se lamentó Adams, indicando las terribles circunstancias a las que se enfrentaba la mano de obra en aquella época.
El acuerdo ofrece un atisbo de justicia para los empleados maltratados y un severo recordatorio a los empresarios sobre la importancia de cumplir las leyes laborales.
