Una creciente división entre los principales líderes de Oklahoma ha surgido a raíz de una demanda federal, que pone de relieve el enfoque del estado hacia las personas consideradas mentalmente incompetentes para ser juzgadas. En el centro de este polémico asunto se encuentra una demanda presentada en marzo de 2023, en la que se acusa al estado de no prestar una atención de salud mental adecuada y oportuna a dichos reclusos, reseña KOCO.
El fiscal general Gentner Drummond ha propuesto un acuerdo para abordar las reclamaciones de la demanda, colaborando con los abogados que representan a los reclusos afectados. Aboga por un plan estratégico que agilice la atención a la salud mental de los reclusos, afirmando que negarse a avanzar con este acuerdo "hace un flaco favor a las víctimas de delitos y a los contribuyentes de Oklahoma."
Sin embargo, el acuerdo no ha obtenido un apoyo unánime. El gobernador Kevin Stitt y el presidente de la Cámara de Representantes, Charles McCall, se han opuesto, expresando su preocupación por que el acuerdo pueda tener repercusiones perjudiciales. Stitt señaló: "Soy un no rotundo a cualquier cosa que no esté bien definida", haciendo hincapié en la necesidad de claridad y sostenibilidad en cualquier acuerdo. McCall se hizo eco de estos sentimientos, expresando también su desaprobación del acuerdo propuesto.
La demanda subraya una cuestión crítica que Oklahoma debe abordar: destinar más recursos a la atención de la salud mental de los reclusos. En su estado actual, el plan de Drummond no ha avanzado, lo que ha provocado un punto muerto entre los altos funcionarios. Durante una reunión en la que participaron Stitt y McCall, el gobernador manifestó que las exigencias financieras de la propuesta de los abogados son insostenibles. Subrayó: "Cargar a los contribuyentes con esta obligación sin un final a la vista, cuando necesitamos utilizar esos dólares y dárselos al departamento para que realmente trate a los pacientes... ahí es donde estoy".
El plan propuesto por Drummond sigue en estado de incertidumbre, a la espera de nuevas medidas de los líderes estatales y de la necesaria aprobación de un juez federal. El estancamiento pone de relieve las cuestiones más amplias de la asignación de recursos y la dirección política de los servicios de salud mental en el sistema de justicia penal del estado.
A medida que el desacuerdo continúa, la demanda sirve como un recordatorio conmovedor de los desafíos y complejidades que rodean la atención de salud mental para los reclusos. Tanto el gobernador como el presidente de la Cámara de Representantes insisten en que los recursos del estado deben destinarse a estrategias de tratamiento de la salud mental eficaces y sostenibles, haciendo hincapié en la responsabilidad fiscal y el bienestar de los contribuyentes de Oklahoma.
