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Maryland enfrenta demanda federal por su ley santuario de inmigración

El Departamento de Justicia presentó una demanda de 33 páginas contra Maryland y el fiscal general Anthony Brown por la Community Trust Act, la ley que limita la cooperación policial local con ICE.

Foto: Pexels.

Una demanda federal de 33 páginas convierte a Maryland en el estado más reciente del país en enfrentar al Departamento de Justicia por sus políticas de protección a inmigrantes. La acción legal, presentada ayer jueves en el tribunal federal del Distrito de Maryland (División Norte), busca anular la Community Trust Act, la ley estatal que desde abril de 2026 restringe la cooperación entre policías locales y agentes de ICE.

Qué dice la demanda del DOJ

El Departamento de Justicia alega que la Community Trust Act (Senate Bill 791) "obstruye intencionalmente la aplicación de la ley federal de inmigración" y viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución. La demanda señala que instalaciones correccionales de Maryland ya se negaron a transferir detenidos a custodia federal incluso cuando los agentes de ICE presentaron un detainer, el formulario estándar que solicita retener a una persona hasta 48 horas después de su liberación.

"Cuando las jurisdicciones santuario aprueban leyes para proteger a personas sin estatus legal de las fuerzas federales, no solo se viola la ley federal, sino que se silencian las voces de los votantes estadounidenses", dijo Stanley Woodward, fiscal general asociado de Estados Unidos, en comunicado del 9 de julio

Brett Shumate, fiscal general adjunto de la División Civil del DOJ, añadió que el departamento "siempre defenderá la Constitución" y describió la demanda como un desafío directo a los esfuerzos de Maryland por "frustrar la aplicación de las leyes migratorias federales".

Maryland se une a una lista creciente

La demanda contra Maryland es la más reciente en una serie de acciones legales del DOJ contra estados con políticas santuario. Nueva York, Illinois, Colorado y Connecticut ya enfrentan demandas similares. En Texas y Oklahoma, los estados cedieron rápidamente mediante acuerdos con el gobierno federal. En contraste, Illinois, Minnesota y Kentucky han defendido activamente sus leyes en los tribunales.

La Community Trust Act prohíbe a las fuerzas policiales locales y a los centros correccionales de Maryland colaborar informalmente con ICE: no pueden retener a personas a solicitud de la agencia migratoria sin una orden judicial, ni preguntar sobre estatus migratorio durante detenciones rutinarias. La ley entró en vigor sin la firma del gobernador Wes Moore, quien dijo compartir sus objetivos pero señaló "desafíos reales de implementación".

Esta demanda federal no es la primera batalla legal sobre la Community Trust Act. En mayo, 17 de los 24 sheriffs de Maryland presentaron su propia demanda en el tribunal federal de Greenbelt para bloquear la ley, argumentando que obstaculiza sus obligaciones constitucionales. La Federation for American Immigration Reform (FAIR) respaldó esa acción.

La ley forma parte de un paquete legislativo más amplio que convirtió a la sesión 2026 en la de mayor producción de leyes relacionadas con inmigración en Maryland en 15 años. En febrero, Moore firmó la ley que eliminó los acuerdos 287(g) entre ICE y nueve condados del estado. En mayo, firmó la Maryland Values Act, que prohíbe a escuelas públicas compartir información de familias con ICE.

A pesar de las protecciones legales, la implementación ha tenido tropiezos. En junio, la oficina del sheriff de Montgomery County transfirió a un detenido a ICE sin completar la revisión que exige la Community Trust Act, lo que generó una condena pública de la presidenta del Concejo, Natali Fani-González.

Qué sigue

El DOJ pidió al tribunal una orden declaratoria y una medida cautelar que impida a Maryland aplicar la Community Trust Act. El fiscal general Todd Blanche instruyó a la División Civil del DOJ a seguir identificando leyes estatales y locales que "faciliten violaciones de la ley federal o impidan operaciones federales legales". Si el tribunal falla a favor del gobierno federal, Maryland perdería una de sus principales herramientas de protección para residentes inmigrantes. Si defiende la ley con éxito, el caso podría sentar un precedente para otros estados que enfrentan demandas similares.

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