Casi dos años. Ese es el tiempo que un residente permanente con tarjeta verde lleva detenido en Estados Unidos, a la espera de su deportación a Jamaica, sin que ningún juez haya evaluado si merece salir bajo fianza.
Su caso, y el de otro inmigrante detenido durante siete meses rumbo a la República Dominicana, llegó a la Corte Suprema, que decidirá si la Constitución exige audiencias de fianza cuando la detención migratoria se prolonga por meses.
¿Qué pidió la administración Trump?
El Departamento de Justicia, a través del fiscal general John Sauer, pidió a la Corte que revise si el gobierno puede mantener detenidos indefinidamente a no ciudadanos sin una audiencia que determine si representan riesgo de fuga.
Los dos demandantes están representados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y argumentan que la cláusula de debido proceso de la Constitución exige esa revisión judicial periódica.
Por qué el primer caso se cayó
La administración ya había llevado una disputa similar, Genalo v. Black, hasta la Corte Suprema. Pero el caso quedó sin efecto legal después de que la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, indultara al demandante.
Sauer presentó entonces un caso prácticamente idéntico, Genalo v. D.C., que involucra a un ciudadano dominicano con antecedentes por tráfico de drogas y violencia doméstica, para que la Corte resuelva la misma pregunta legal.
Una división entre tribunales
El Segundo Circuito de Apelaciones, con jurisdicción sobre Nueva York, Connecticut y Vermont, ya falló que los inmigrantes detenidos por tiempo excesivo sí tienen derecho a una audiencia de fianza.
Otros circuitos han adoptado criterios distintos, lo que generó la división legal que ahora la Corte Suprema debe resolver para unificar el estándar en todo el país.
En un fallo anterior, la Corte evitó pronunciarse sobre si la Constitución exige estas audiencias, y se limitó a interpretar lo que permitía la ley federal vigente en ese momento.
El argumento del gobierno
La administración sostiene que otorgar audiencias de fianza de forma rutinaria podría incentivar a los detenidos a alargar deliberadamente sus procesos legales con tal de ganar tiempo en libertad.
Al mismo tiempo, el gobierno amplió las categorías de inmigrantes sujetos a detención obligatoria, una estrategia que también enfrentará revisión judicial en los próximos meses.
La Corte realiza en los próximos días su primera gran conferencia del término, donde decide cuáles peticiones acumuladas durante el receso de verano acepta revisar formalmente.
Una decisión final podría tardar meses: los fallos de este tipo normalmente se conocen hacia el cierre de la sesión judicial, que suele terminar en junio.
El caso se suma a otros fallos recientes de la Corte sobre inmigración, incluida la decisión de septiembre que autorizó deportaciones a terceros países, parte de una ola de litigios que definirá el alcance real de la política migratoria de este gobierno.
