Primero se cerraron los restaurantes, los bares y las cafeterías. Después las escuelas y sus comedores, las peluquerías, las guarderías y los trabajos de niñeras y caminadores de perros. Todos estos empleos en el área metropolitana de Washington, DC en buena medida se sostienen sobre los hombros de los latinos.
Hasta la semana pasada más de 26 millones de trabajadores engrosaban las estadísticas del desempleo, mientras la crisis alimentaria y los desalojos como punzantes espadas de Damocles penden sobre el futuro de las víctimas económicas de la pandemia, entre ellos millones de latinos. Cifras precisas aún no existen.
El viernes se venció el plazo para pagar la renta de mayo, la de abril ya está atrasada y pese a que están prohibidos los desalojos al menos hasta mediados de este mes, para miles de inquilinos solo el pensar que podrían ser sacados de sus casas les quita el sueño.
“No tengo comida, ni dinero, ni trabajo. Mi esposa está embarazada y nuestra hija de 10 años no estudia porque no tenemos internet”, dice Jesús Ramírez. Él trabajaba en el restaurante Mai Thai cerca de Dupont Circle y las esperanzas de volver a tender los manteles sobre las mesas se esfumaron. El coronavirus obligó a ese restaurante a cerrar las puertas para siempre.
El silencio de los invisibles
¿Cómo vamos a pagar la renta? es la pregunta que como un necio tambor retumba sobre las cabezas de los inquilinos. Algunos consumidos por la angustia están haciendo huelgas en Nueva York, Chicago o San Diego. En unas 24 propiedades alrededor del DMV se han organizado para exigir la cancelación de las rentas, ante el temor del desalojo una vez que termine la moratoria. Hay unos 43 millones de arrendatarios en Estados Unidos, según el National Multifamily Housing Council.
En ninguna de esas cifras y reclamos se ven reflejados los latinos como la familia Ramírez. “Los últimos cheques de mi trabajo ayudaron a pagar el alquiler de abril, para mayo no hay ni para comer. Le digo a María Amparo, mi mujer, que no se desespere pero en junio nacerá nuestro hijo y me pregunto si las oficinas del edificio donde vivimos entenderán nuestra situación”, dijo Jesús Ramírez.
Hasta el 26 de abril, más de 78 mil 786 personas llenaron la solicitud del desempleo en DC, algo parecido ocurre en Maryland y Virginia. Estas cifras lapidarias no incluyen ni a Ramírez, ni a Paula Cruz, ni a Oscar (quien pidió proteger su apellido), a quienes les faltan beneficios, pero les sobran horas de insomnio y pesadumbre.
“Todavía estamos bien con la comida, pero no nos alcanza para la renta de mayo, no tengo ningún ingreso y a mi marido en el trabajo de mantenimiento le redujeron los días y las horas.
Para gente como nosotros no hay ayudas, con dos hijos aquí y tres en El Salvador no sé cómo vamos a vivir. Le pido a Dios que nos ayude, pero no puedo ni salir a vender pupusas. Todo va estar bien, les digo a mis niños, pero mi cabeza no encuentra una salida”, se lamentaba Cruz. Ella vive en el área de Petworth.
Más sufrimiento, menos beneficios
Victoria Goncalves, del Latino Economic Development Center (LEDC), teme que “cuando se abran las cortes vamos a ver muchos desalojos, que afectarán desproporcionadamente a los afroamericanos y latinos. Para los abogados que los defienden va a ser imposible servir a todos”. Según ella, los derechos están diseñados para favorecer a los propietarios, quienes además pueden lidiar con muchos casos a la vez y contratar servicios legales. Los arrendatarios, sobre todo los indocumentados, casi nada tienen a su favor.
“Llevo atrasado un mes de la renta y ya viene otro encima, esto es como arrastrar una cadena. Me ofrecieron un trabajo en una cadena de hamburguesas desde la próxima semana, si lo consigo todo será para eso. Ceo que estoy hipotecado para todo el año. El dueño de casa está siendo comprensivo, pero no sé hasta cuándo”, se preguntaba Oscar, quien pasa los días revisando las tareas escolares de su hija de 10 años.
Los indocumentados, explicó Caroline Hennessy, especialista de servicios para inquilinos de la organización sin fines de lucro Housing Counseling Services, “no recibirán ese cheque de $1.200 ni tienen otros beneficios como el de desempleo, lo que les queda es el programa de asistencia de emergencia para la renta en DC. Las llamadas y las preguntas sobre este programa están aumentando entre los latinos. Este es el grupo que está sufriendo más”.
Según Hennessy, “donde más directamente compruebo el impacto de la crisis es cuando llamo a los edificios de los inquilinos. La semana pasada en uno de 30 departamentos, la mitad perdieron sus empleos y casi todos son latinos. Algunos aún conservan el mismo trabajo pero no saben cuándo reanudarán las actividades”.
El único salvavidas
“A Caroline tengo mucho que agradecerle, nos ha ayudado para que remodelen los departamentos que rentamos y siempre está para guiarnos”, aseguró Cruz, quien quizá en estos momentos que la falta de dinero apremia tendrá que echar mano de ese chaleco de salvavidas, llamado Emergency Rental Assistance Program (ERAP), que auxilia a las familias que viven bajo el nivel de pobreza.
Para una familia de cuatro miembros, el máximo ingreso para calificar a este programa es $32 mil 750. El problema es que es que los requisitos se basan en el índice federal, pero en DC el costo de vida es mucho más alto que el promedio nacional.
Para aplicar al ERAP no se necesita seguro social, pero tiene sus restricciones: no hay límites para solicitar, pero el programa provee asistencia solo a una persona una vez al año.
La recomendación de Goncalves es: “empiecen desde ya a organizarse entre vecinos, hablen o escriban una carta al dueño y negocien un plan de pagos, esa es la mejor opción este momento.
Me preocuparía si se van a una huelga de inquilinos sin tener garantizada una representación legal, porque tarde o temprano terminarán en la corte”. De ese mismo parecer es D.C. Tenants’ Rights Center: “antes de cualquier acción extrema como una huelga, acuerden un plan de pagos y que todo quede por escrito, dejando constancia de que no se aplicarán recargos por atrasos”.
La cuerda siempre se tensa y se rompe por el lado más débil y en tiempos de pandemia, los latinos, llevan las de perder, porque como dice Goncalves “nuestra comunidad tiene miedo y si no conocen sus derechos, no van a querer confrontar a los dueños porque prefieren no llamar la atención”.
EN DÓNDE BUSCAR AYUDA
DERECHOS. El Latino Economic Development Center está para solventarle cualquier duda y pregunta sobre los derechos de los inquilinos. Llame al (202) 588-5102, le atenderán en español.
REPRESENTACIÓN. Si necesita ayuda legal y la representación de un abogado en caso de un desalojo o aumento de renta ilegal, llame a Legal Aid Society al (202) 628-2261 y pida hablar con un abogado en español..
DEFENSA. Si necesita ayuda legal durante esta crisis llame a Legal Aid COVID-19 Tenant Hotline al (202) 851-3388. También puede contactar a DC Tenants Asociation si busca asesoría y defensa de sus derechos. Llame al (202) 681-8272 o envíe un email a: info@dctenantsunion.org.
PRECIOS. Si el dueño de casa trata de aumentarle la renta durante esta emergencia, contacte al equipo de especulación de precios de la Oficina del Fiscal General al (855) 532-5465 o envíe una queja por Internet visitando: doag-sandbox.force
