Fairfax, Virginia.- Decenas de organizaciones pro inmigrantes en Virginia circulan una carta que entregarán pronto al fiscal general de ese estado, Mark Herring, pidiéndole tomar acción para que permita a un grupo de jóvenes indocumentados pagar las cuotas de residentes en colegios comunitarios y universidades públicas.
La presión ocurre después que legisladores en Virginia “enterraron” una propuesta bipartidista que hubiera permitido a los beneficiados con el alivio temporal DACA estudiar sin tener que pagar dos y hasta tres veces más por el costo universitario.
La medida —conocida como “in-state-tuition” o DREAM Act local— estaba diseñada para ser aprobada sin mayor objeción. Sin embargo, ni se discutió. Se quedó “estancada” en un comité.
La coalición pedirá al fiscal que emita una recomendación a la Junta de Educación Superior del Estado de Virginia (SCHEV) dando una nueva interpretación de la ley, así como lo han hecho otros estados. “La ley no considera a los chicos de DACA como residentes del estado. Por eso les cobran como extranjeros, pero una recomendación del fiscal cambiaría la regulación”, dijo el abogado Tim Freilich, del Centro de Justicia de Ayuda Legal.
