Mientras los aspirantes a la presidencia de Estados Unidos abordan el tema migratorio hablando de muros y deportaciones, las escuelas públicas del país le han abierto sus puertas a decenas de miles de estudiantes indocumentados a quienes ayudan a dar los primeras pasos en tierra extraña. No es fácil.
Muchos de los recién llegados no hablan inglés y se encuentran retrasados académicamente. Muchos llegan con las cicatrices físicas y sicológicas de quien ha huido de la miseria y de la violencia. Llegan después de un viaje durísimo, de dejar atrás a sus padres o para reunirse con ellos luego de años de separación. Y las escuelas públicas, privadas de muchos recursos, tratan de ayudar, ofreciendo desde clases de inglés a servicios de salud mental.
La ley de este país le garantiza a todos los niños que viven aquí el acceso a la educación pública, sin importar su estatus migratorio. Pero para muchos educadores es más que una obligación legal, se trata de un compromiso moral.
“Estados Unidos está fundado sobre principios de derechos humanos”, dijo Sandra Jiménez, directora de High Point High School en el condado de Prince George’s, Maryland, un lugar del área metropolitana de Washington donde la población inmigrante crece rápidamente. “La razón por la que estas personas están aquí es porque están desesperadas. Vienen para poder sobrevivir”.
Datos oficiales indican que en el curso académico del 2013-2014 había más de 630.000 estudiantes inmigrantes en el país —niños y niñas nacidos fuera de EEUU y matriculados en las escuelas del país por menos de tres años.
Esa cifra se ha aumentado desde el último flujo migratorio de hace dos años. Entre el 31 de octubre de 2013 y el 31 de diciembre de 2015, las autoridades han liberado de los centros de detención a más de 95.000 menores. Todos ellos tienen derecho a la educación pública.
High Point, como todas las escuelas a las que llegan este tipo de estudiantes, debe tomar medidas para adaptarse a la situación. La escuela, con una población estudiantil de 2.400, ha matriculado en lo que va del año a 282 nuevos inmigrantes. Muchos llegaron entre diciembre y marzo. Una época de transición ya que el curso académico centroamericano termina en diciembre, apuntó Jiménez.
Los recién llegados comparten clases con otros recién llegados y Jiménez hizo cambios en el personal de la escuela para que algunos profesores tuvieran tiempo para añadir clases con la llegada de nuevos estudiantes. Contrató a personal bilingüe en áreas administrativas y de seguridad. La escuela organiza talleres sobre el tema de la reunificación familiar. Y cuando los estudiantes necesitan alojamiento o tienen problemas de salud, los consejeros de la escuela los contactan con grupos comunitarios que pueden ayudar.
Para Jiménez, lo más importante que ha hecho su escuela es mostrarles a estos nuevos inmigrantes que tienen apoyo y que están a salvo. “Hemos construido un oásis. La escuela es donde las personas te ayudan”, expresó. “Si no te sientes seguro, no puedes aprender”.
La seguridad es fundamental, dicen los grupos comunitarios. Estos estudiantes deben navegar el nuevo sistema y viven bajo la amenaza de las pandillas que buscan nuevos miembros.
“Tienen toda esa presión sobre ellos, es importante que las escuelas ofrezcan un amplio sistema de apoyo”, dijo Zorayda Moreira-Smith de CASA de Maryland y apuntó al buen trabajo que Prince George’s y High Point han hecho, incluyendo su oposición a las redadas recientes.
El superintendente de las escuelas públicas del condado, Kevin Maxwell, dijo en enero que se sentía “molesto por el temor e incertidumbre que existe en muchas de nuestras comunidades escolares como resultado de las acciones tomadas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)”. Ante el efecto de las redadas, que habían provocado alto ausentismo escolar, Maxwell dijo: “A nuestros estudiantes y familias del PGCPS: estamos con ustedes”.
Pero no todo el mundo está de acuerdo en que el dinero público se dedique a la educación de los inmigrantes.
“El Congreso no debería permitir que la administración Obama incentive la inmigración ilegal y el tráfico humano premiando a quienes participan de esto”, expresó ante un subcomité Judicial de la Cámara de Representantes, Jessica M. Vaughan, del Center for Immigration Studies
Los servicios que se le ofrecen a los estudiantes han causado tensiones en el condado de Prince George’s. En 2014, autoridades del sistema escolar anunciaron que planeaban crear dos “high schools” para estudiantes que estaban en el proceso de aprender inglés. La organización afroamericana NAACP se opuso argumentando que otros estudiantes también tienen necesidades académicas y merecen atención.
Daniel Domenech, director ejecutivo de AASA, la asociación de los superintendentes de las escuelas, indicó que en muchos casos debido al flujo de nuevos inmigrantes, aumenta el tamaño de las clases y los distritos escolares se ven en la obligación de ofrecer servicios sin tener fondos adicionales.
“Es un problema”, dijo. “Pero prácticamente en todos los casos, los distritos se esfuerzan para acomodar y proporcionar los servicios necesarios a estos nuevos estudiantes”.
El año pasado se matricularon en Prince George’s uno 8.000 estudiantes internacionales, la mitad de ellos eran recién llegados a Estados Unidos, no solo de Centroamérica, sino de una diversidad de naciones, como Camerún, Etiopía, Filipinas y Jamaica.
La trabajadora social Beth Hood y la consejera Jessica Jackson se reunieron una mañana en un “círculo para la conversación” con una docena de estudiantes inmigrantes de Honduras, Guatemala y El Salvador. Uno a uno respondieron a las preguntas de la profesora: ¿Cómo te imaginabas Estados Unidos antes de venir? ¿Cómo te sientes ahora que estás aquí?
Uno dijo que pensaba que viviría en una playa y que ahora estaba en Maryland. Luego la conversación se puso seria y algunos hablaron de su preocupación por su estatus migratorio. Otros dijeron que venían a Estados Unidos a ganar dinero y que no sabían que tenían que ir a la escuela.
Muchos dijeron que esperaban pasar tiempo con sus padres después de estar separados por años, pero que ahora estaban todo el día trabajando y casi no los veían. Una muchacha que llevaba dos días en la escuela dijo que lloraba mucho porque echaba en falta a su madre que se quedó en El Salvador.
“Ustedes tienen nuestro respeto”, les dijo Hood. “No están solos. Lo que están pasando ahora no es para siempre”.
Hood había invitado a hablar a Wilson Santos, de 20 años. Santos venía de vivir en la pobreza en Guatemala hasta que hace tres años decidió cruzar a pie la frontera y caminar por el desierto hasta que fue detenido por la patrulla fronteriza de Estados Unidos.
Dijo que nunca había pensado ir a la escuela, pero que había sido su salvación. Ahora es residente legal y trabaja en la construcción los fines de semana.
Santos espera graduarse de High Point el año que viene y dijo que quería abrir su propio negocio. “Me siento más que nada orgulloso de mi mismo”, le dijo Santos a sus compañeros.
