Annapolis, MD. De tener la firma del gobernador, a partir del 1 de octubre los trabajadores inmigrantes en Maryland contarán con mayores protecciones que los libren de extorsión laboral.
La Asamblea Estatal de Maryland aprobó una legislación para ampliar la protección a los trabajadores indocumentados cuyos empleadores los amenazan con denunciarlos a agentes de inmigración por su estatus legal, a fin de pagarles menos o no remunerarles por los servicios ofrecidos.
“Como abogada laboral me ha tocado ver un gran número de situaciones y abusos que cometen los empleadores contra los trabajadores inmigrantes que no tienen documentos”, expresó a El Tiempo Latino la delegada estatal Maricé Morales, autora de la propuesta en la Cámara de Representantes.
“Cada vez son más comunes estas prácticas por la vulnerabilidad de las personas que temen ser deportadas”, dijo la legisladora demócrata de origen peruano, quien representa del Distrito 19 en Montgomery, que cubre las áreas de Aspen Hill, Silver Spring, Rockville y Bretwood.
El proyecto de ley HB493 , auspiciado por varios legisladores, fue aprobado el pasado 17 de marzo por una amplia mayoría 129-7.
“Estamos felices de que esta ley haya pasado y que se ponga un alto a los abusos que se cometen con los trabajadores por su condición migratoria”, indicó Morales.
Ambas cámaras aprobaron la medida. El Senado lo hizo con una versión presentada por la senadora Susan Lee y auspiciada por el senador Víctor Ramírez, entre otros senadores.
Los senadores votaron el 3 de marzo en forma unánime por la legislación, 46-0.
“Sólo estamos a la espera de la firma del gobernador”, sonrió Morales, quien cumple su segundo año en la Asamblea.
La medida incorpora una enmienda a la ley actual de extorsión en Maryland. “La ley protege a las personas que son extorsionadas bajo varias categorías, pero no por el estatus migratorio”, explicó Morales.
La delegada dijo que la extorsión con los indocumentados ocurre cuando éstos se ven obligados a trabajar a cambio de un menor pago o por un proyecto de trabajo más amplio por el cual fueron contratados.
“Muchas veces el empleador se queda con el pasaporte de los trabajadores, obligándolos a trabajar bajo la amenaza de denunciarlos con Inmigración”, dijo Morales.
La abogada Paulina Vera, de la organización proinmigrante CASA, aplaudió la iniciativa. “Nosotros vemos muchos casos donde los contratistas abusan de los trabajadores bajo esas amenazas”, indicó Vera.
“Una ley como esta evitaría que hayan los empleadores inescrupulosos que toman ventaja de los trabajadores por su estatus migratorio”, añadió la abogada.
La penalidad por la falta sería la misma que la ya existente, impuesta por la ley actual de extorsión incurre en multas y pena de cárcel de manera escalada.
Si la extorsión es por menos de $1.000 se considera un delito menor con una pena máxima de 18 meses de cárcel y $1.000 de multa.
Si la extorsión equivale entre $1.000 y $10.000 se considera un crimen mayor (felony, en inglés), con una pena de cárcel de hasta diez años y una multa de hasta $10.000.
En cifras mayores aumenta la multa y el tiempo que la personada declarada cupable podría servir en la cárcel también aumenta.
“Se trata de acabar con este crimen”, dijo Morales.
De ser firmada como ley, Maryland se unirá a los estados de Virginia, Colorado y California que cuentan con medidas similares.
