AFECTADA. Sonia Hernández lee la carta en la que se dice que debe presentar su número del seguro social o enfrentar un aumento en la renta.
Cuatro familias inmigrantes que viven en un parque de casas móviles en el condado de Fairfax acusan de discriminación a los propietarios del complejo habitacional y presentaron una demanda a nivel federal que podría establecer un precedente para todo el país, según sus abogados.
Los demandantes dicen que la gerencia de Waples Mobile Home Park discrimina contra los latinos al exigir que esas familias con miembros indocumentados paguen un dinero extra si quieren seguir como inquilinos. De no pagar, serían deshauciados.
Lo que se cuestiona es un requisito de los gerentes de Waples que obliga a todos los habitants del complejo a probar su ciudadanía o estatus de residencia legal. La empresa comenzó a implementar esa normativa a principios de 2016 lo que tomó por sorpresa a los residentes. La demanda indica que los hogares cuyos ocupantes no pueden probar su estatus legal en Estados Unidos son forzados a rentas mes a mes que pueden ser de hasta $300 más de lo que es un alquiler normal de Waples.
“Esta normativa está destruyendo nuestra familia”, dijo Herbert Saravia, uno de los demandantes quien, si es obligado a abandonar el parquet deberá vender su casa móvil y perder dinero con el consecuente daño a años de sacrificios económicos.
Ante la escasez de opciones económicas en la vivienda del condado de Fairfax, Saravia y sus cinco hijos nacidos en Estados Unidos se verían obligados a irse y romper los vínculos comunitarios que han establecido solo por el hecho de que su esposa no tiene un número del seguro social.
“La normativa de exigir un número del seguro social para vivir en el parque significa que las familias donde conviven diferentes estatus migratorios bajo un mismo techo tendrán que marcharse”, explicó Ivy Finkenstadt, abogada del Legal Aid Justice Center, la organización que representa a las familias.
La demanda legal se presentó el lunes 23 de mayo en la Corte de Distrito de EEUU para el Distrito Este de Virginia, con base en Alexandria.
Según Finkenstadt, si bien la normativa afecta a todos los residentes de Waples, tiene un impacto especialmente injusto en las familias latinas.
“En este caso afecta a una docena de niños, ocho adultos y en el parque a muchas más familias”, dijo la abogada.
Finkenstadt argumentó que si los inquilinos tienen éxito se trataría de un caso clave porque haría ilegal que las regulaciones de la vivienda tuvieran un efecto desproporcionado en personas de otros países.
“Sería muy importante mandar el mensaje a los propietarios y a las cortes que la discriminación por origen nacional abarca normativas establecidas por propietarios privados”, expresó Finkenstadt y añadió que otras 8 familias que no son demandantes, también han sufrido el impacto negativo de esta normativa.
Sonia Hernández vive en una casa móvil de tres dormitorios con su esposo, un hijo de 9 años y una hija de 2. Desde hace dos años han estado pagando $1.000 para rentar su espacio, un muy buen precio en esta parte del Norte de Virginia.
“Siempre pagamos a tiempo, nunca hemos tenido ningún problema”, dijo Hernández. Pero la normativa ahora cambia el precio de vivir en Waples.
Hernández dijo que su familia “ahorró y pedimos prestado $15.000 para comprar el trailer, pero ahora no podemos venderlo”, ni siquiera perdiendo dinero. Los $300 de aumento que se les avecinan para el mes que entra llena de incertidumbre a esta familia trabajadora.
La demanda fue presentada contra Waples, ubicada cerca de la intersección de Lee Highway y Waples Mill Road, y contra la compañía que lleva la gerencia: A.J. Dwoskin & Associates. Esta compañía maneja centros comerciales y otras propiedades todas ellas de tipo comercial en la región.
Un gerente de Waples dijo que no tenía nada que comentar sobre la demanda en la que se alega que la compañía exige números del seguro social para llevar a cabo chequeos criminales y otras investigaciones de solicitantes y residentes. Los abogados de los demandantes dijeron que los números del seguro social no pueden ser usados para acceder a documentos judiciales y que existen otras y mejores maneras de hacer esos chequeos sin el uso del número del seguro social.
Se envió por correo electrónico una petición de comentario a la oficina corporativa de Dwoskin de la que no se recibió respuesta. El sitio web de Dwoskin dice que “es importante la manera en que interactuamos con la comunidad” y dice que se sienten “orgullosos de hacer lo correcto”.
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Trull es periodista de WAMU 88.5FM (NPR) y colaborador de El Tiempo Latino la publicación hispana de The Washington Post. @TrullDC
