ACCIÓN. Jaime Contreras, director del sindicato Service Employees International Union, se dirige a los reunidos en CASA de Virginia antes de empezar a visitar los vecindarios pidiendo el voto por Hillary Clinton.
Aunque no pueden votar en las elecciones presidenciales de noviembre, un grupo de inmigrantes con diferentes estatus hacen campaña puerta a puerta en Virginia para apoyar a la candidata demócrata a la presidencia, Hillary Clinton. Están convencidos de que el resultado de estas elecciones será decisivo para su futuro migratorio y sus aspiraciones a obtener un camino a la ciudadanía. Entre los que están en campaña figuran jóvenes que recibieron DACA, el estatus legal temporal otorgado por el presidente Barack Obama a unos 750.000 jóvenes indocumentados que llegaron a este país siendo niños. Ellos son conscientes de que el candidato presidencial republicano apoya la deportación de unos 11 millones de indocumentados que hay en Estados Unidos y que con un Congreso controlado por los republicanos han fracasado los intentos por una reforma migratoria.
“Quienes tienen DACA deben sentir una responsabilidad extraordinaria para que se cambie la estructura de poder”, dijo Luis Ángel Aguilar, de 28 años, quien recibió el estatus legal migratorio en 2013 y ayuda a coordinar este esfuerzo. “Nuestras voces deben oírse”.
Cuatro años después del lanzamiento de DACA, la mayoría de los beneficiarios viven en una especie de limbo legal y personal, sin saber si su nuevo estatus será renovado por un supuesto presidente Donald Trump y viven preocupados ante la posibilidad de que los miembros de su familia puedan ser deportados.
La incertidumbre se hizo mayor a principios de este año cuando la Corte Suprema dejó las cosas como estaban respecto a la demanda de un grupo de estados controlados por el Partido Republicano contra la expansión de DACA y el programa presidencial DAPA que permitiría la residencia temporal a los padres de estos jóvenes. Si la Corte hubiera fallado a favor de las medidas ejecutivas presidenciales, unos cuatro millones de indocumentados se hubieran beneficiado.
“La única manera de resolver esto es por medio de la elección presidencial”, dijo Kim Propeack, directora de política de CASA en Acción. “Ha surgido un sentimiento de desesperación y al mismo tiempo de querer hacer algo luego del empate 4-4 en la Corte Suprema sobre este tema”.
CASA está detrás de la campaña por el voto en Virginia y en Pensilvania. Esfuerzos similares se están produciendo en Arizona y otros estados donde la lucha electoral es muy ajustada entre los dos candidatos.
La campaña de Clinton llevó a cabo una iniciativa parecida a principios de año bajo el lema “My Dream. Your Vote” en la que jóvenes indocumentados pedían el voto entre los latinos de Carolina del Norte, Nevada, Florida y en otros estados a favor de la candidatura demócrata a la presidencia.
En Virginia, donde Clinton aventaja a Trump, la campaña se ha enfocado en una dura contienda por el distrito congresional 10 donde la actual representante, la republicana Barbara Comstock enfrenta a la demócrata LuAnn Bennett.
CASA también le está prestando atención a los votantes del condado de Prince William donde viven más inmigrantes y donde Trump goza de amplio respaldo.
Jóvenes con DACA viven las elecciones desde lo “personal”
En el distrito 10, que abarca McLean, el condado de Loudoun hacia la frontera con West Virginia, Comstock apoyó al senador Marco Rubio en las primarias republicanas y ha mantenido su distancia con Trump. Incluso, después de que se filtraran los comentarios de Trump sobre las mujeres en una grabación de 2005, Comstock declaró que ella no votaría por Trump.
Pero la historia de Trump y sus controversiales comentarios sobre las mujeres, los inmigrantes mexicanos y los musulmanes no ha afectado el apoyo a Comstock en un distrito con una población en su mayoría bien posicionada económicamente. Con todo, hoy los analistas consideran que la elección puede ir a cualquiera de las dos candidatas.
Los activistas pro inmigrantes que trabajan para derrotar a Comstock intentan replicar el modelo exitoso que pusieron en práctica el año pasado para movilizar el sentimiento anti Trump en Prince William a favor del demócrata Jeremy McPike que derrotó al alcalde de Manassas, el republicano Harold Parish II en lucha por un escaño en el Senado estatal en Richmond.
Muchos de los que ahora están llamando a las puertas en Virginia también formaron parte de aquella campaña.
“¿Sabía usted que Barbara Comstock comparó a los inmigrantes con paquetes de FedEx?”, le preguntó Nayely López, de 29 años, a un votante en Herndon, haciendo referencia a una frase que la congresista hizo al hablar sobre su apoyo a medidas de inmigración más estrictas durante su campaña de re-elección hace dos años.
“Dijo que había que ponernos una etiqueta para poder controlarnos”, explicó López al votante.
El votante dijo que no había escuchado ese comentario y recogió la propaganda sobre Bennett.
Al igual que otros jóvenes con DACA, López dijo que se había sentido cada vez más segura hasta el punto de poder tomar posiciones políticas. Mexicana de origen, llegó a Virginia a los 13 años y creció siempre con el temor de que podía ser deportada. Aunque siempre fue una estudiante excelente en la escuela, se lamentó de que tuvo que renunciar a las becas universitarias al ser indocumentada.
Consiguió un trabajo de recepcionista en una oficina de preparación de impuestos en Fredericksburg, Virginia, y consiguió varias promociones en su empleo. Después de recibir la protección de DACA en 2012, López abrió su propia oficina de preparación de impuestos.
López es madre soltera, con una niña de 12 años, y aseguró que se siente preocupada por la seguridad de algunos familiares indocumentados y le preocupa lo que podría significar una administración Trump anti inmigrantes para su seguridad laboral, su calidad de vida y su futuro.
“Todavía tengo familia sin estatus legal”, dijo. “para mi, ésta es una lucha personal”.
Pero en un estado “péndulo” donde Trump ha reavivado esfuerzos para ganar votantes, la situación de López no garantiza simpatías. En una de las casas que abrió sus puertas al llamado de los activistas, Pat Blizard, de 78 años, le dijo a López que ella ya había votado por Trump.
“Lo siento”, dijo Blizard dejando claro que le molestaba el creciente número de residentes que hablaban español.
“Yo soy originalmente de España. Mi padre nunca nos permitió hablar español. Él nos dijo que ahora vivimos aquí”, añadió.
López le dio las gracias a la señora y se fue.
“Entiendo que las personas tengan otras ideas”, dijo y comentó que una tía suya se había casado con alguien que apoyaba a Trump.
“Discutimos mucho sobre eso en mi familia”, comentó López.
Jennifer Romero, de 19 años, también pensó en sus familiares mientras caminaba por un vecindario tranquilo de Herndon con enormes casas de dos pisos. Ella y su hermano pequeño recibieron DACA en 2014. Sus padres, mexicanos, siguen siendo indocumentados y vulnerables a la deportación.
“Ése es el temor”, expresó Romero quien vive en el condado de Stafford.
“Da la sensación de que nos han robado lo poco que teníamos”, lamentó.
Otro día, en Woodbridge, el grupo de activistas intentó asegurar votos para Clinton y movilizar a los votantes contra una enmienda constitucional en noviembre que prohibiría la sindicalización de los trabajadores.
Aguilar buscó en su teléfono votantes que supuestamente serían votos demócratas por medio de una base de datos de la campaña.
En una de las paradas que hizo en su trayecto, Aguilar se encontró con Mohammad Zoki Moqami, de 44 años, cuya familia acaba de llegar a Virginia como refugiados afganos.
“No puedo votar”, se disculpó Moqami.
“Yo tampoco puedo votar”, respondió Aguilar y le recordó a Moqami los comentarios de Trump sobre los musulmanes.
Al entregarle propaganda electoral a Moqami, Aguilar le dijo: “Díselo a tus amigos que sí pueden votar”.
