Para la mañana de este lunes se programó una audiencia a propósito de la demanda del gobernador Ralph Northam para derribar la estatua del general confederado Robert E. Lee, en un área de propiedad estatal a lo largo de Monument Avenue.
La estatua de 18 metros se convirtió en el centro de las protestas en contra de la desigualdad racial, iniciadas en Richmond y en todo el país durante el verano por el asesinato de George Floyd bajo custodia policial, en Minneapolis.
Los manifestantes adornaron la base de piedra de la estatua con grafitis que condenaban la brutalidad policial contra los afroamericanos, creando un símbolo visual del movimiento Black Lives Matter.
Cuando Northam ordenó retirar la estatua, en junio, un residente local presentó una demanda para bloquear la remoción; y un juez de un tribunal de circuito impuso una orden judicial que impidió que se iniciara el trabajo.
Los manifestantes frustrados tomaron acciones por sus propias manos, derribando una estatua cercana del presidente confederado Jefferson Davis, además de un puñado de otros monumentos alrededor de la ciudad.
El alcalde de Richmond, Levar Stoney, invocando un estado de emergencia declarado por el gobernador demócrata, calificó las estatuas restantes como un riesgo para la salud pública y ordenó su remoción.
Figuras de Stonewall Jackson, JEB Stuart y Matthew Fontaine Maury fueron quitadas en Monument Avenue, dejando a Lee como el último en pie.
Un puñado de residentes presentó una demanda por las acciones de Stone. Sin embargo, la Corte Suprema de Virginia desestimó su caso diciendo que los solicitantes no tenían capacidad legal para demandar.
Pero el caso contra Northam persistió, incluso después de que el juez original que impuso la orden judicial contra el derribo de la estatua de Lee se recusó.
La demanda fue presentada por la activista del vecindario Helen Marie Taylor y algunos otros residentes de Monument Avenue. Afirman que la acción de Northam viola una resolución adoptada por la Asamblea General en 1889 que establece el monumento, así como las promesas de proteger la estatua en las escrituras de 1887 y 1890 que transfieren la propiedad al estado.
Muchos otros residentes cercanos han apoyado el esfuerzo de Northam, y la Sociedad de Preservación de Monument Avenue votó este verano a favor de derribar las estatuas.
La oficina del fiscal general de Virginia, Mark R. Herring (D), sostiene que la estatua es un símbolo racista y que Northam está dentro de su autoridad para retirarla.
La audiencia se programó para las 10:00 am en el Tribunal de Circuito de Richmond.
Traducción libre del inglés por El Tiempo Latino.
Fuente: The Washington Post
