La organización Wanda Alston Foundation, es, a partir del viernes, la encargada de realizar una auditoría y determinar si Casa Ruby puede continuar operando. Así lo determinó la jueza Danya Dyson, de la Corte Superior de Washington DC.
La decisión se da luego de que la Oficina de la Fiscalía de DC iniciara una investigación en contra de Casa Ruby y su fundadora Ruby Corado, por supuesta malversación de fondos e irregularidades.
Casa Ruby, organización de servicio a la comunidad LGBTQ y migrantes, está en la mira luego de que se salieran a la luz denuncias de falta pago y de deudas de miles de dólares a empleados, así como dueños de locales donde funcionaban los programas de la entidad.
El jueves pasado, la Fiscalía, dirigida por Karl Racine, presentó la petición y ofreció a dos organizaciones como posibles síndicos: Baltimore DC Save Havens y Wanda Alston Foundtaion, que se dedica también a la atención de jóvenes transgéneros en la ciudad.
Wanda Alston Foundation deberá presentar un informe a la Corte Superior que detalle los hallazgos y, además, recomendar si Casa Ruby puede retomar operaciones con una junta directiva reconstruida y supervisada.
June Crenshaw, directora de la organización nombrada, le dijo al Metro Weekly que solicitará ayuda de expertos para realizar exámenes forenses a las finanzas de Casa Ruby y que, además, buscará abogados que representen la entidad en cuestión.
En un trabajo de investigación de El Tiempo Latino, se encontró que la fundadora de Casa Ruby le dijo a la Fiscalía que había utilizado $500 mil de fondos de su organización para establecer otra entidad en El Salvador.
La fiscal Kathleen Konopka, señaló a este periódico que existen indicios y pruebas de que hubo malversación de fondos y que la organización no contaba con una junta directiva como lo manda la ley que rige a las entidades sin fines de lucro.
