En la imagen el registro de un bote de la Guardia Costera estadounidense estacionado frente al club Mar-a-Lago, mansión del presidente Donald Trump, en Palm Beach (Florida, EE.UU.) | Foto EFE/Cristóbal Herrera/Archivo
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El Departamento de Justicia solicitó registrar la residencia del expresidente Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida como parte de una investigación penal en curso sobre la extracción de documentos marcados como clasificados de la Casa Blanca.

La nueva información forma parte del documento parcialmente tachado que el DOJ publicó este viernes. Se trata de una forma redactada de la declaración jurada que el FBI presentó a un juez para obtener la orden de allanamiento y poder registrar la propiedad de Trump a principios de este mes.

Las declaraciones juradas generalmente contienen información vital sobre una investigación. Los agentes le explican al juez la justificación de por qué quieren registrar una propiedad en particular y por qué creen que es probable que encuentren evidencia de un posible delito allí.

¿Qué motivó al Departamento de Justicia?

Archivos Nacionales recuperó 15 cajas de documentos de la casa del expresidente Trump en enero de este año.

Contenían, entre otras cosas, documentos altamente clasificados con información vinculada a la seguridad nacional. “La preocupación más importante fue que los registros altamente clasificados se desdoblaron, se mezclaron con otros registros y se identificaron incorrectamente”, se lee en la declaración jurada.

Un agente especial del FBI explicó que, tras el hallazgo, la agencia informó al Departamento de Justicia en febrero. Un mes después, procedieron a hacer una revisión preliminar del contenido de Archivos Nacionales y encontraron registros clasificados en 14 de las 15 cajas.

En total había 184 documentos con marcas de clasificación, incluidos 67 documentos marcados como “CONFIDENCIAL”, 92 documentos marcados como “SECRETO” y 25 documentos marcados como “MUY SECRETO”.

Los agentes observaron que documentos estaban marcados como HCS (información derivada de la inteligencia humana); FISA (información recopilada en virtud de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera), y NOFRON (información que no se puede divulgar de ninguna forma a gobiernos extranjeros, ciudadanos extranjeros, organizaciones extranjeras o ciudadanos no estadounidenses sin el permiso del autor).

En el texto, el agente especial explicó que los documentos clasificados con esos marcajes suelen tener información de seguridad nacional y detalló que varios documentos tenían “lo que parece ser notas manuscritas” del expresidente Trump.

También indicó que los lugares de almacenamiento en la residencia de Mar-a-Lago, Florida del expresidente “no son ubicaciones autorizadas actualmente para el almacenamiento de información clasificada”.

Tampoco considera, en base a su investigación, que partes de la residencia de Trump hayan sido autorizadas para “el almacenamiento de información clasificada por lo menos desde el final” del mandato de Trump en enero de 2021.

¿Qué investiga exactamente el FBI?

Después de revisar la información enviada por Archivos Nacional, el FBI abrió una investigación penal para determinar cómo se retiraron los documentos clasificados de la Casa Blanca o cualquier otra ubicación autorizada para almacenar ese tipo de registros.

También quieren saber cómo llegó a ser almacenado en la residencia de Trump; determinar si los lugares de almacenamiento en Mar-a-Lago eran sitios autorizados para tener estos registros.

Por último, identificar a cualquier persona que haya retirado o retenido información clasificada sin autorización y/o en un espacio no autorizado.

El registro en Mar-a-Lago

El 8 de agosto funcionarios del FBI retiraron registros gubernamentales de alto secreto y otros documentos clasificados. El expresidente Trump denunció los hechos y los calificó de “persecución política”. Miembros de alto perfil del Partido Republicano se hicieron eco de estas afirmaciones.

Tras el interés público que levantó el allanamiento, el Departamento de Justicia pidió a una corte que hiciera pública la orden de allanamiento que usó el FBI y el inventario.

La orden de allanamiento decía que los agentes buscaban todos los “documentos físicos y registros que constituyan evidencia, contrabando, frutos de delitos u otros artículos poseídos ilegalmente en violación de tres delitos potenciales, incluida una parte de la Ley de Espionaje que prohíbe la recopilación, transmisión o pérdida de información de defensa nacional”.

El FBI se llevó 20 cajas de Mar-a-Lago, que incluían 11 sets de documentos, incluyendo cuatro marcados como de alto secreto, el nivel de clasificación más alto.

El documento también cita el rompimiento y destrucción de registros que pertenecen al gobierno. Esta práctica usual de Trump ya se había informado anteriormente.

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