El pasado 16 de marzo cientos de protestas en Francia llenaron las calles de ese país luego de la reforma que quiere retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030. Y adelantar a 2027 la exigencia de cotizar 43 años —y no 42 como hasta ahora— para cobrar una pensión completa.
La reforma garantizaría una pensión más temprana a quienes empezaron a trabajar antes y mantendría algunos fondos especiales, suprimiendo otros. El plan también incluye aumentar la pensión mínima en unos 100 euros, que llegaría hasta unos 1.200 euros al mes.
De acuerdo a medios internacionales las fuerzas de seguridad de Francia efectuaron 310 detenciones vinculadas a las protestas tras la aprobación en la Asamblea Nacional. Tan sólo en París arrestaron a 258 personas, mencionó el ministro Gérald Darmanin en una entrevista.
La decisión del gobierno de recurrir al artículo 49.3 de la Constitución para evitar una votación sobre la reforma en la Cámara Baja abrió la puerta también a mociones de censura. La oposición por ahora no suma suficientes votos para tumbar al Ejecutivo de Elisabeth Borne, aunque puedan unirse como en otras ocasiones el principal grupo de izquierdas y la ultraderecha.
Desde el pasado mes de enero, Francia ha vivido las mayores protestas contra una reforma social en tres décadas las cuales podrían continuar. La oposición de izquierda prepara un recurso ante el Consejo Constitucional que retrasaría la promulgación del texto. Y daría tiempo a los opositores para utilizar sus últimos cartuchos, por ejemplo, reclamar un referéndum.
