En Alexandria, Virginia, una decisión crucial relativa a una reglamentación más estricta de los centros de datos en el condado de Fairfax sufrió un nuevo retraso, lo que provocó la frustración de funcionarios y residentes, reseña WUSA9.
El presidente de la Junta de Supervisores del condado de Fairfax, Jeff McKay, recibió el lunes una noticia inesperada: la votación, que ya había sido aplazada dos semanas, no podía seguir adelante. La ley estatal de Virginia, en vigor desde el 1 de julio, exige ahora que las audiencias públicas se anuncien dos veces, un requisito que se pasó por alto.
"Literalmente quería gritar", dijo McKay, reflejando la exasperación compartida por el descuido. Describió el error como "atroz", afirmando: "No recuerdo un error de esta magnitud por parte de ningún miembro del personal del condado".
Un portavoz del condado de Fairfax emitió una disculpa formal y prometió una revisión exhaustiva del proceso de publicidad de las audiencias públicas. Como resultado de este descuido reglamentario, todas las audiencias públicas de la reunión del 30 de julio han sido reprogramadas para el 10 de septiembre.
El debate gira en torno a la construcción "por derecho", refiriéndose a los proyectos que cumplen los criterios de zonificación existentes sin necesidad de aprobaciones adicionales. Esta cuestión se originó en la zona de Plaza 500 de Alexandria, donde se ha propuesto un nuevo proyecto de centro de datos de 400.000 pies cuadrados y 70 pies de altura cerca de viviendas residenciales y de la estación de metro Van Dorn. Aunque el promotor cumple por derecho las condiciones de construcción, los vecinos reclaman una normativa más estricta para mitigar los posibles impactos.
Las normativas propuestas requerirían estudios de impacto acústico y de equidad. Los proyectos que superen estas normas requerirían una nueva aprobación, pero la construcción por derecho propio en zonas industriales pesadas seguiría teniendo vía rápida.
A los residentes locales les preocupan los efectos del centro de datos sobre el valor de la propiedad y la calidad del medio ambiente. "Disminuiría gravemente el valor de nuestras propiedades", comentó un residente.
Richard Newman, presidente de la Asociación de Condóminos Jefferson Green, tiene un interés personal en el asunto. "Ésta es mi casa", declaró Newman. "No quiero pasar mis años dorados respirando humos de diesel y preocupándome por el ruido y la radiación". Su sentimiento resuena profundamente con el de muchos de los que testificaron durante la audiencia del 16 de julio, en la que predominó la oposición.
A pesar del retraso, McKay aseguró que los testimonios anteriores siguen constando en acta. "Ninguno de los testimonios que recibimos se nos pasó por alto", subrayó, ofreciendo a los residentes la oportunidad de volver a testificar si lo desean.
Newman expresó su preocupación por las solicitudes de centros de datos presentadas antes de la audiencia del 16 de julio. Teme que éstas puedan acogerse a la antigua normativa, eludiendo potencialmente las nuevas reglas. "Ése es mi mayor temor", admitió Newman, receloso del impacto del proyecto.
El presidente McKay se comprometió a investigar a fondo el error de procedimiento. "Vamos a estudiar cómo ocurrió y a exigir responsabilidades", afirmó.
