Más de 45.000 peticiones de habeas corpus han inundado los tribunales federales de Estados Unidos desde que la administración Trump expandió la detención obligatoria de inmigrantes. En la inmensa mayoría de los casos, los jueces federales han concluido que ICE detuvo a las personas ilegalmente y ordenaron su liberación o una audiencia de fianza. Pero cuando los detenidos regresan al sistema de inmigración, los jueces de inmigración les niegan la fianza casi automáticamente.
El resultado es un ciclo que no se rompe: un tipo de juez dice "libérenlo", el otro dice "quédese preso". Y la pelea entre ambos sistemas judiciales se dirige a la Corte Suprema.
¿Por qué hay dos tipos de jueces decidiendo cosas opuestas?
Los jueces federales de distrito son jueces del Artículo III de la Constitución: nombrados de por vida, independientes del poder ejecutivo. Los jueces de inmigración, en cambio, son empleados del Departamento de Justicia (DOJ), parte del poder ejecutivo. Responden a las directivas del fiscal general.
Todo comenzó en septiembre de 2025, cuando la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) emitió una decisión llamada Matter of Yajure Hurtado que cambió las reglas. Bajo esa decisión, cualquier persona que ingresó a EE.UU. sin inspección —sin importar cuántos años lleve en el país— fue reclasificada como "solicitante de admisión" y sometida a detención obligatoria sin derecho a audiencia de fianza.
Un análisis de The Marshall Project encontró que entre las personas detenidas en estados del Medio Oeste había solicitantes de asilo, personas sin antecedentes penales y padres de hijos estadounidenses.
Los números: más de 300 jueces contra la posición del gobierno
Las cifras son contundentes. Según el Law and Political Economy Project de Yale, más de 300 jueces federales de distrito han dictaminado que la expansión de la detención obligatoria es ilegal. Solo 20 jueces han coincidido con la interpretación del gobierno. Las tasas de éxito de las peticiones de habeas corpus superan el 90% en muchos distritos.
En diciembre de 2025, una jueza federal en California emitió un fallo declaratorio a nivel nacional en el caso Maldonado Bautista v. DHS, estableciendo que los inmigrantes que ingresaron sin inspección tienen derecho a audiencias de fianza. El gobierno apeló.
En Minnesota, un juez federal compiló una lista de 96 órdenes judiciales violadas por el gobierno en 74 casos solo desde enero de 2026, y estuvo a punto de citar al entonces director interino de ICE, Todd Lyons, por desacato.
¿Por qué las liberaciones no se sostienen?
Aquí está el problema central. Cuando un juez federal ordena una audiencia de fianza, el detenido regresa al sistema de tribunales de inmigración. Pero la jefa de jueces de inmigración, Teresa Riley, emitió un memorando interno en enero de 2026 indicando a todos los jueces de inmigración que Yajure Hurtado "sigue siendo vinculante", a pesar de que el fallo federal lo declaró expresamente no vigente.
El resultado es que muchos jueces de inmigración declaran a los detenidos como "riesgo de fuga" o "peligro para la comunidad" incluso cuando el gobierno no presenta evidencia que lo respalde. En Michigan, una mujer venezolana con caso de asilo pendiente, permiso de trabajo y familia en Chicago fue considerada riesgo de fuga por el número de familiares que tenía en el país.
"La política no se trataba de un peligro para el público. Se trataba simplemente de encerrar a inmigrantes indocumentados", dijo Michael Kagan, director de la Clínica de Inmigración de UNLV, a The Marshall Project el 20 de mayo
ICE transfiere detenidos para evadir órdenes judiciales
Las agencias de inmigración han respondido con una táctica que los abogados describen como evasión sistemática. Cuando un abogado presenta un habeas corpus en un tribunal federal favorable, ICE traslada al detenido a un centro en Texas o Nuevo México antes de que el juez pueda actuar. En muchos casos, los abogados pierden contacto con sus clientes y no saben dónde están.
En Nueva Jersey, un juez federal documentó 52 violaciones de órdenes judiciales en 547 casos, incluyendo la deportación de un peticionario que tenía una orden judicial protectora vigente. La administración Trump llegó a evaluar internamente la suspensión del habeas corpus para eliminar esta vía legal, según un memo confidencial revelado por The New York Times.
¿Qué significa para los inmigrantes latinos?
Para los más de 73.000 personas actualmente en detención migratoria, según el American Immigration Council, el habeas corpus es la única herramienta efectiva para impugnar su encarcelamiento. Pero acceder a un abogado desde un centro de detención en una zona rural de Texas o Luisiana es extremadamente difícil.
Los abogados que presentan estas peticiones son en su mayoría voluntarios, muchos sin experiencia previa en inmigración. En Minnesota, un abogado de divorcios aprendió a presentar habeas corpus a través del National Lawyers Guild y desde entonces ha representado a docenas de detenidos. Los tribunales federales han publicado guías para que los detenidos puedan presentar peticiones sin abogado.
El conflicto entre los dos sistemas judiciales avanza hacia las cortes de apelación y eventualmente a la Corte Suprema. El Quinto Circuito (Texas, Luisiana, Mississippi) ya falló a favor del gobierno. El Séptimo y Noveno Circuito han sido más favorables a los detenidos. Mientras tanto, ICE sigue deteniendo a miles de personas cada mes a un ritmo que los tribunales no pueden igualar. Si tu familia o conocidos enfrentan una detención de ICE, el recurso de habeas corpus puede presentarse en un tribunal federal de distrito independientemente de lo que diga el juez de inmigración.
