Por Merith Basey | directora ejecutiva de Patients For Affordable Drugs
Después de tres años de litigios y millones de dólares gastados intentando impedir que Medicare negocie precios más bajos para los medicamentos, la gran industria farmacéutica ha sufrido una de sus derrotas más importantes hasta la fecha. El mes pasado, la Corte Suprema rechazó escuchar los desafíos presentados por varias farmacéuticas que buscaban debilitar la negociación de precios de medicamentos de Medicare, permitiendo que el programa siga adelante.
El objetivo de la industria era simple: preservar un sistema que permitiera a las compañías farmacéuticas seguir cobrando a los estadounidenses algunos de los precios de medicamentos recetados más altos del mundo. El Congreso cambió eso en el 2022, cuando finalmente otorgó a Medicare la autoridad para negociar precios más bajos para ciertos medicamentos de alto costo.
Para los pacientes, el impacto es real. Un ejemplo es Sonia Vega, madre de dos hijos que vive con diabetes. Su médico le recetó Ozempic para ayudarle a reducir sus niveles de azúcar en la sangre a rangos más saludables, pero el costo superaba los $1,000 al mes, una cantidad imposible de pagar con sus ingresos. Sin embargo, Ozempic fue incluido en la segunda ronda de negociaciones y su nuevo precio de $274 —una reducción del 71%— entrará en vigor a principios de 2027. Sonia es una de las más de 15 millones de personas con Medicare que toman medicamentos que han sido negociados hasta ahora.
Sin embargo, aunque la industria farmacéutica perdió una batalla importante en los tribunales, la lucha continúa en el Congreso. Las farmacéuticas y sus grupos de presión ahora están impulsando el proyecto de ley EPIC, una propuesta que debilitaría la negociación de precios de Medicare al retrasar el momento en que muchos medicamentos pueden ser elegibles para precios más bajos. Esto significaría años adicionales de altos costos para los pacientes y los contribuyentes.
La negociación ya está en marcha y, para Sonia y millones de pacientes como ella, representa un mayor acceso a medicamentos asequibles y menos decisiones imposibles entre pagar sus recetas o cubrir otras necesidades básicas. Retrasar la elegibilidad de negociación de la mayoría de los medicamentos retrasaría drásticamente la expansión de los ahorros, mantendría los precios elevados durante más tiempo y reduciría el número de pacientes que se benefician en el corto plazo.
Los tribunales se negaron a otorgar a la industria farmacéutica el trato especial que estaba solicitando. El Congreso debe hacer lo mismo. Los estadounidenses merecen precios más bajos para sus medicamentos, no más retrasos.
Merith Basey es directora ejecutiva de Patients For Affordable Drugs, la única organización nacional de defensa de pacientes dedicada exclusivamente a reducir los precios de los medicamentos recetados. Merith pasó más de una década viviendo y trabajando con comunidades de personas con diabetes tipo 1 en América Latina y el Caribe.
