Antes de la captura de Nicolás Maduro, Marco Rubio repitió una justificación que parecía jurídicamente sencilla: Estados Unidos perseguía a una persona acusada por su propia justicia. El 4 de septiembre de 2025, en Quito, afirmó que Maduro había sido acusado por un gran jurado y era “un fugitivo de la justicia estadounidense”.
El 15 de septiembre insistió en que un gran jurado había emitido la acusación. Y el 19 de diciembre sostuvo que la caracterización del régimen como organización narcoterrorista se apoyaba en una acusación federal y en pruebas presentadas ante un gran jurado del Distrito Sur de Nueva York.
Ese argumento importa hoy porque fue el que acompañó la escalada previa al operativo. No se decía entonces que Venezuela hubiera contratado a Estados Unidos para liberarla, ni que los venezolanos debieran pagar una factura por la eventual captura. Se decía que existía una causa penal estadounidense, una acusación formal y un prófugo de la justicia de Estados Unidos.
Cuando llegó el operativo del 3 de enero de 2026, la propia administración mantuvo inicialmente esa explicación. En la comunicación que Donald Trump remitió al Congreso el 5 de enero señaló que las Fuerzas Armadas actuaron “pursuant to a request from the Attorney General” y que un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York había emitido órdenes de arresto contra Maduro y Cilia Flores basadas en acusaciones de un gran jurado.
Rubio fue todavía más categórico al día siguiente de la captura: “This was an arrest operation. This was a law enforcement operation”. Añadió que Maduro había sido arrestado en territorio venezolano por agentes federales, informado de sus derechos y trasladado a Estados Unidos. Una versión de la Casa Blanca difundida el propio 3 de enero describió igualmente la misión como una operación de aplicación de la ley ejecutada a solicitud del Departamento de Justicia, con participación de fuerzas militares y agentes antidrogas.
Es decir, el relato oficial era inequívoco en su núcleo: Estados Unidos estaba ejecutando órdenes de su propia justicia contra acusados de delitos perseguibles ante sus tribunales. La fuerza militar fue presentada como el instrumento que permitió realizar esa captura, no como un servicio contratado por la República de Venezuela.
Por eso resulta jurídicamente insostenible fabricar después una deuda de los venezolanos por el hecho de que Estados Unidos haya decidido cumplir órdenes judiciales estadounidenses. Hacer justicia no genera, por sí solo, un crédito contra el pueblo en cuyo territorio se encuentra el acusado. Ni la acusación del gran jurado, ni las órdenes de arresto, ni la carta de Trump al Congreso establecen que Venezuela deba indemnizar a Washington por ejecutar esas decisiones.
Sin embargo, apenas consumado el operativo apareció otro discurso. El 3 de enero Trump afirmó que la presencia estadounidense “no nos costará nada” porque había mucho dinero saliendo del subsuelo venezolano.
Agregó: “We’re going to get reimbursed for everything that we spend”, y habló de “recuperar” petróleo que, según él, Estados Unidos debió haber recuperado mucho antes.
Tres días después anunció que Venezuela entregaría entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado para ser vendidos a precio de mercado, con los ingresos bajo control estadounidense. Lo que había sido presentado como cumplimiento de una orden judicial comenzó a confundirse con una lógica de reembolso, control económico y aprovechamiento petrolero.
Hay, además, un documento de la propia administración Trump que dificulta todavía más esa narrativa. El 9 de enero, una orden ejecutiva sobre los ingresos derivados del petróleo venezolano depositados en cuentas del Tesoro declaró expresamente que esos fondos constituyen propiedad del Gobierno de Venezuela y que Estados Unidos los mantiene en condición de custodio, “not as the property of the United States”.
La contradicción alcanza hoy una dimensión mucho mayor. El 28 de agosto Trump anunció lo que llamó “THE BIGGEST OIL DEAL IN WORLD HISTORY”: un entendimiento que, según su versión, otorgaría control mayoritario estadounidense sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas venezolanas. Reuters y Associated Press han informado que el acuerdo fue negociado por Rubio y Pete Hegseth con el gobierno de Delcy Rodríguez, pero su texto completo y aspectos esenciales de su estructura jurídica y financiera todavía no han sido divulgados públicamente.
Mientras tanto, buena parte del aparato que Washington identificó durante años como integrante o soporte del llamado Cartel de los Soles continúa instalada en el poder. El Departamento de Justicia acusó formalmente a Diosdado Cabello junto a Maduro por narcoterrorismo, tráfico de cocaína y delitos vinculados con armas. El Departamento de Estado mantiene una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.
Cabello, sin embargo, sigue siendo ministro del Interior y una de las principales figuras del poder venezolano. Reuters describió en enero que, pese a la extracción de Maduro, el núcleo político, militar y de seguridad que había gobernado Venezuela permanecía esencialmente intacto.
En agosto, Cabello continúa apareciendo públicamente como ministro del Interior y secretario general del PSUV.
La pregunta entonces es inevitable. Si el objetivo era desmantelar una organización narcoterrorista, ¿por qué sus figuras centrales permanecen gobernando y negociando con Washington? Y si el objetivo era simplemente ejecutar una orden judicial contra Maduro y Cilia Flores, ¿de dónde nace ahora la idea de que Venezuela debe pagar con su riqueza petrolera el costo de esa operación?
No se trata de negar la importancia de que Maduro comparezca ante un tribunal y tenga que responder por las acusaciones formuladas contra él. Precisamente porque se trataba de justicia, no puede convertirse retrospectivamente en una factura inmoral. La justicia se administra; no se cobra en barriles.
Puede discutirse por separado la conveniencia de abrir la industria petrolera venezolana a capital estadounidense. Puede incluso defenderse un gran acuerdo energético si es transparente, constitucional, aprobado por autoridades legítimas y beneficioso para Venezuela. Pero eso sería un negocio entre Estados y empresas, no el pago de un rescate, ni la compensación por una captura ordenada por tribunales estadounidenses.
Venezuela no le debe un barril de petróleo a Donald Trump, tampoco a Rubio ni a Pete Hegseth, por haber capturado a Nicolás Maduro. Estados Unidos cumplió una decisión de su propia justicia y Maduro y Cilia Flores están hoy sometidos a esa misma justicia. Convertir ahora aquella operación judicial en el fundamento moral de una apropiación económica es cambiar la historia después de los hechos.
La paradoja es demasiado grande para ignorarla: los venezolanos son presentados como deudores de quienes dicen haberlos liberado, mientras sus riquezas se negocian con buena parte de quienes los mantienen sometidos. Los carceleros continúan en el poder, los libertadores hacen negocios con ellos y al pueblo se le pretende presentar la factura.
