Denver- El representante estatal Joe Salazar, demócrata de Thornton, ha propuesto abolir un paquete de leyes anti-inmigrantes vigentes en Colorado desde 2006, incluyendo la que exige la cooperación de la policía local con Inmigración.
Salazar, abogado experto en derechos civiles y uno de los fundadores del Foro Latino de Colorado, presentó el miércoles el proyecto de ley HB13-1258, o Acta de Confianza entre la Comunidad y las Fuerzas del Orden, que será próximamente debatido en el Comité de Asuntos Estatales de la Cámara de Representantes local.
Según el legislador, las leyes anti -inmigrantes vigentes desde 2006 son obsoletas, su implementación es costosa y los resultados son dudosos.
A principios de enero pasado, Salazar había prometido que iba a presentar un proyecto de ley para abolir, entre otras, la ley SB06-90, que requiere que las fuerzas del orden locales reporten a las autoridades federales a cualquier persona arrestada por cualquier motivo que sea sospechosa de estar ilegalmente en el país.
La propuesta, explicó Salazar, se basa en que “los jefes de policía, los alguaciles y otros grupos de seguridad pública están todos de acuerdo que el obtener la confianza de la comunidad es el factor más importante para el éxito de la policía local”.
“Esta ley (HB13-1258) hará que nuestras comunidades sean más seguras al permitir que las fuerzas del orden desarrollen esa imprescindible confianza con las comunidades inmigrantes”, agregó.
El proyecto ya cuenta con el respaldo de 24 de los 65 representantes y de dos de los 35 senadores.
Las leyes anti-inmigrantes vigentes fueron aprobadas durante una sesión especial de la legislatura de Colorado en 2006. Medidas similares ya habían sido rechazadas por voto popular en las elecciones de noviembre de 2005.
Las leyes vigentes desde 2006 prohíben que se restrinja la cooperación de las fuerzas del orden locales y de empleados públicos con las autoridades federales de inmigración y requieren que las fuerzas del orden reporten el arresto de cualquier sospechoso de ser indocumentado a las autoridades federales.
El proyecto HB13-1258 aboliría todas esas provisiones.
“Al abolir los requisitos de que las autoridades locales sean obligadas a participar en temas federales de inmigración, la Asamblea General se asegurará de que los recursos locales se enfoquen en temas de seguridad pública en vez de en temas migratorios, que son la responsabilidad del gobierno federal”, dice la Sección 1 del proyecto de Salazar.
Según el legislador, la aprobación de su propuesta permitiría prevenir actitudes policiales racistas “que ahora impactan desproporcionadamente a la comunidad hispana”.
