Mientras el Presidente Obama y el Congreso debaten la forma de resolver la crisis humanitaria actual en nuestra frontera, también deben trabajar para encontrar soluciones políticas a largo plazo que impidan que esta situación vuelva a suceder.
Un hilo conductor crucial de la crisis—a pesar de ser alarmante la escasa atención que recibe—, es la violencia generalizada contra las mujeres y las niñas de América Central, la que no les ha dejado más remedio que correr, literalmente, para salvar sus vidas.
Primero que todo hay algo en lo cual deberíamos reflexionar: El Salvador, Guatemala y Honduras están entre los países que tienen las más altas tasas de homicidios en los cuales las víctimas son mujeres, ocupando los lugares primero, tercero y séptimo, respectivamente.
Como parte de la horrible violencia de las pandillas que azota a estas naciones, las esposas, las novias y las madres de los pandilleros se convierten en objetivos de violencia y venganza, siendo asesinadas por bandas rivales.
Además, muchas mujeres y niñas —algunas de tan sólo nueve años de edad— se ven obligadas a convertirse en mulas para el tráfico de drogas, contrabandistas de armas, espías y “novias” de los pandilleros.
Y por encima de todo esto, la violencia doméstica es aún más rutinaria en estos países.
A nivel mundial, una de cada tres mujeres será violada física o sexualmente por su pareja o asaltada sexualmente por una persona desconocida en el transcurso de su vida; en las Américas, el número es aún mayor.
Peor aún, estos crímenes casi nunca se investigan, y es todavía menos común que se lleven a justicia.
La impunidad en torno a los crímenes contra las mujeres no sólo es lo que se vive día a día, sino que también se registra en un entorno donde las normas y las actitudes sociales apoyan y perpetúan la violencia contra las mujeres. Mientras qu algunas leyes tienen por objeto aumentar la protección de las mujeres y los niños, hacen falta recursos para su aplicación y están sujetas a las reacciones negativas encarnizadas de los jueces y la policía.
Ahora, el resultado directo de esta violencia contra las mujeres y las niñas nos está golpeando a la puerta. Hasta el momento, 39 mil mujeres y niños han llegado juntos a los EE.UU, y la cifra sigue en aumento.
Por otra parte, otras decenas de miles de niños no acompañados se han arriesgado a hacer el viaje solos, la mayoría habiendo optado por los EE.UU. simplemente con la esperanza de reunirse con un miembro de la familia que ya está aquí.
Según un estudio realizado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el 24 por ciento de las niñas inmigrantes detenidas en la frontera han mencionado que temen ser violadas y el 40 por ciento señaló la violencia en el hogar como una de sus principales razones para cruzar a los Estados Unidos.
Si bien aproximadamente un tercio de los niños tienen por lo menos a uno de sus progenitores en los Estados Unidos, la mayoría de los niños hablan de experiencias o temor de daño corporal como una razón para salir de sus países.
El ACNUR estima que hasta un 60 por ciento de estos niños no acompañados podrían tener necesidad de protección internacional.
Estos niños y sus familias merecen nuestro apoyo.
Deportarlos sin el debido proceso es moralmente reprobable, y es una violación de nuestras obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Cualquier conjunto de leyes o políticas nuevas que promulguemos enrespuesta a esta crisis debe incluir medidas a largo plazo que implementen respuestas adecuadas a la violencia contra las mujeres, incluyendo: fortalecer los sistemas judiciales y mejorar la notificación y el tratamiento policial de los casos, establecer y apoyar los servicios de salud que puedan atender a las mujeres y los niños que sufren abuso y apoyar el trabajo que conlleve a un cambio de actitudes con miras a que se respeten los derechos humanos de las mujeres y los niños.
Por otra parte, la aprobación de la Ley sobre la Violencia Internacional contra las Mujeres (IVAWA, por sus siglas en inglés), que se reintrodujo hace poco en la Cámara y el Senado de losEstados Unidos y la promulgación de un reforma migratoria integral —que se resume en este informe de política pública del Instituto Global de las Mujeres de la Universidad George Washington— reforzarían la elegibilidad al asilo por razones de género y demostrarían el compromiso del país y su liderazgo en la promoción de la igualdad de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas.
En última instancia, si de verdad queremos ayudar a resolver este problema, las políticas estadounidenses deben alentar y apoyar a los gobiernos de América Central y las organizaciones no gubernamentales en la mejora del acceso de las mujeres a la justicia en sus países de origen, proporcionando cuidados compasivos para las sobrevivientes de la violencia y adoptando un compromiso hacia la eliminación de las normas y las instituciones que han provocado esta migración masiva.
Al hacer esto, podremos fomentar comunidades donde las mujeres y los niños estén seguros, para que tengan la posibilidad de vivir en comunidades pacíficas donde puedan.
LA DRA. ELLSBERG ES DIRECTORA DEL INSTITUTO GLOBAL DE LAS MUJERES DE LA UNIVERSIDAD GEORGE WASHINGTON.
