Por Franco Salinas López | Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Perú
En la gestión de la competitividad global, existe una diferencia crítica entre cumplir una norma y liderar un estándar. El caso de Intel Corporation y su transición hacia una cadena de suministro libre de "minerales de conflicto" —estaño, tantalio, tungsteno y oro (3TG)— es el ejemplo más elocuente de cómo la anticipación estratégica en derechos humanos se traduce en ventaja competitiva real.
El caso Intel: la proactividad como estrategia
El liderazgo de Intel no fue una respuesta reactiva a la regulación. Cuando los vínculos entre la minería en la República Democrática del Congo y el financiamiento de grupos armados ganaron atención global hacia 2009, Intel ya había iniciado sus auditorías de debida diligencia voluntariamente desde 2008, cuatro años antes de que la SEC formalizara la Sección 1502 de la Ley Dodd-Frank en 2012.
En 2013, Intel fabricó el primer microprocesador del mundo certificado libre de conflicto para los cuatro metales 3TG. No solo cumplía la ley: establecía un estándar que sus competidores se verían obligados a seguir. Esta anticipación generó beneficios concretos: redujo costos de auditoría de emergencia, posicionó a Intel como el proveedor de menor riesgo ante los ensambladores globales y mejoró su acceso al capital. La evidencia de MSCI ESG Research (2024) confirma que las empresas con altas calificaciones en gestión social se financian a tasas sistemáticamente más bajas —una diferencia estadísticamente significativa al 99% de confianza que se mantiene controlando por sector y calidad crediticia—. Para una industria intensiva en capital, esa brecha no es marginal: es una ventaja competitiva directa y medible.
La lección para el Perú y América Latina
El caso Intel ofrece una lección crucial para las economías exportadoras de materias primas. Mientras Intel opera como comprador al final de la cadena (downstream), el Perú —y gran parte de la región— se sitúa en el extremo inicial (upstream). Esta asimetría redefine el incentivo: para el fabricante, la debida diligencia es diferenciación; para el proveedor, es condición de acceso al mercado.
El mercado europeo —destino de más de US$ 8,200 millones en exportaciones peruanas anuales (ADEX, 2024)— está elevando las condiciones de ingreso para los insumos que no puedan certificar su origen ético. Desde julio de 2024, la Unión Europea tiene en vigor una directiva que convierte en obligación legal lo que antes era voluntario: las grandes empresas europeas deben verificar que ningún proveedor en su cadena global vulnera derechos humanos ni daña el medioambiente. El incumplimiento no implica solo una sanción de hasta el 5% del volumen de negocio mundial —implica quedar fuera de las redes de suministro de las corporaciones que apliquen esta norma. Su vigencia plena será en enero de 2030.
El rol del Estado como facilitador
Para la gran empresa minera, este estándar ya forma parte de su estrategia corporativa. Para la mediana y pequeña empresa, el costo de certificación puede ser una barrera prohibitiva. Aquí el rol del Estado es determinante: no debe limitarse a exigir, sino actuar como facilitador de competitividad.
Esto exige alinear los planes nacionales de acción con los estándares de la OCDE para reducir duplicidades regulatorias, y fortalecer mecanismos de certificación estatal que permitan demostrar cumplimiento de forma eficiente y escalable. El respeto a los derechos humanos es hoy el nuevo lenguaje del comercio global. Si países como el Perú, y el resto de América Latina, logran posicionarse como proveedores confiables y éticos, estarán blindando sus sectores estratégicos y asegurando su relevancia en la economía del siglo XXI. La ética, gestionada con rigor institucional, no es un costo —es el motor de la competitividad.
Franco Salinas López es abogado, excongresista de la República del Perú y actual Viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Especialista en gestión pública y políticas por resultados.
