En el más reciente capítulo de la lucha por la reforma inmigratoria, millones de inmigrantes escuchamos al Presidente Obama el jueves 20 de noviembre anunciar su decisión de tomar medidas que beneficiarán a ciertos grupos de indocumentados.
Estos incluyen: la ampliación de la categoría de personas elegibles para DACA; la creación de un programa parecido para padres de ciudadanos que lleven más de cinco años viviendo en Estados Unidos; beneficios para familiares indocumentados de residentes o ciudadanos que estén, hayan estado o que tengan intención de ingresar al servicio militar y la ampliación del beneficio del perdón (de estadía no-autorizada) para incluir ahora a los familiares de residentes que estén solicitando la residencia.
Otras medidas abrirán nuevas oportunidades para inmigrantes con ideas innovadoras para establecer empresas; para graduandos extranjeros y para trabajadores con altas destrezas de trabajo. Aunque no confieren ningún estatus migratorio —algo que no está al alcance del Presidente— las personas beneficiadas por las nuevas medidas podrán trabajar legalmente y sentirse libres de la amenaza de la deportación, al menos por un periodo de tres años.
Es verdad que el mencionado alivio lo disfrutarán menos de la mitad de los 11 millones de personas que lo necesitan. Pero no es cierto que las medidas presidenciales no constituyan un beneficio para las demás.
Esperamos que con el cese del nefasto programa de “Comunidades Seguras,” los indocumentados estén considerablemente menos expuestos a ser deportados, perdiendo la oportunidad de una futura reforma. Igualmente esperamos que la medida de repriorización de criterios para la deportación, sirva para que más personas puedan obtener posposición de sus inminentes deportaciones.
Claro que sabemos que no todos los oficiales de inmigración van a estar deseosos de implementar estas medidas. En el pasado, por ejemplo, el sindicato de empleados de inmigración demandó al Presidente por haber decretado la orden ejecutiva mediante la cual se estableció el programa de DACA.
Igualmente muchos oficiales resistieron el mandato de suspender las deportaciones a personas con raíces profundas en el país, decretado también por la administración Obama. Por eso, la comunidad, a través de sus organizaciones, y los que ejercemos la profesión legal en el área de inmigración, tendremos que ser vigilantes y agresivos para hacer respetar estos derechos que el Presidente ha conferido mediante sus nuevas medidas administrativas.
Es cierto que aún tenemos que seguir luchando. Pero se ha ganado una victoria decisiva. Frente a las amenazas y malas intenciones de los congresistas que han utilizado su poder desmedido para evitar el progreso de una ley de reforma inmigratoria, el Presidente tuvo que ejercer cautela para no exceder sus poderes ejecutivos. El resultado ha sido unas medidas solidas que podrán superar cualquier cuestionamiento legal, para protección de sus beneficiados. Estos ahora se unen a los beneficiados de DACA en un impulso irreversible que no puede más que ensanchar el camino.
Además, como bien lo dijeron los activistas que se encontraban en una demostración frente a la Casa Blanca la noche del discurso de Obama, no descansarán ni los incluidos ni los excluidos hasta no lograr un sistema inmigratorio justo para todos. Es a esa energía solidaria y esa sed de justicia a la que ha tenido que responder finalmente Obama y a lo que tendrán también que responder los congresistas, venga lo que venga.
Enid González Alemán es Senior Immigration Attorney en Tucker & Associates PLLC.
