El veto migratorio del presidente Donald Trump se enfrenta a dos importantes pruebas legales este mes, cuando las cortes federales de apelación en ambas costas del país hagan frente a los desafíos de una orden ejecutiva que la administración dice se necesita urgentemente para la seguridad nacional, mientras los opositores dicen que discrimina a los musulmanes.
La primera audiencia es este lunes en Richmond, Virginia.
La ley federal de inmigración otorga al presidente una amplia autoridad para impedir que los viajeros de origen foráneo ingresen a Estados Unidos. La nueva política de la administración Trump suspende temporalmente el programa de refugiados de Estados Unidos y bloquea las visas nuevas a los ciudadanos de seis países mayoritariamente musulmanes.
Antes de que la orden pudiera entrar en vigor en marzo, un juez en Maryland y uno en Hawai suspendieron la aplicación de las secciones críticas, señalando que los comentarios de Trump y sus principales asesores indicaban que querían prohibir la entrada a los musulmanes.
El lunes, un panel de más de una docena de jueces en el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos del Cuarto Circuito considerará si mantener la decisión de Maryland a favor de los demandantes que dicen que la orden viola las prohibiciones de la Primera Enmienda en lo que respecta a la denigración por parte del gobierno de una religión en particular.
Es probable que los jueces tengan dudas sobre la justificación dada por la administración en materia de seguridad nacional para señalar a los seis países – Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen – y sobre la relevancia de las declaraciones de Trump antes y después del juramento.
En su fallo de marzo, el juez de distrito de Maryland, Theodore Chuang, escribió que “la historia de las declaraciones públicas continúa proporcionando un caso convincente de que el propósito de la segunda orden ejecutiva sigue siendo el tan esperado veto migratorio a los musulmanes”.
Los abogados del Departamento de Justicia quieren que la Corte de Apelaciones basada en Richmond levante la orden judicial de Chuang que se aplica sólo a la parte del decreto de Trump que bloquearía temporalmente las nuevas visas por 90 días.
No se sabe con qué rapidez fallará el IV Circuito. Pero en un paso inusual, la corte pasó por alto el panel tradicional de tres jueces para revisar el caso por un total de 14 jueces. El juez J. Harvie Wilkinson, nominado sw Ronald Reagan, no participará el lunes porque su yerno, Jeffrey Wall, discutirá el caso del gobierno como procurador general en funciones.
Para resucitar la política de la administración en su totalidad, el Departamento de Justicia tendría que ganar en Richmond y en su próxima apelación de la decisión de Hawái en el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos del Noveno Circuito – o eventualmente persuadir a la Corte Suprema para que intervenga.
Un panel de tres jueces del Noveno Circuito ha programado una discusión oral para el 15 de mayo en Seattle.
El veto migratorio revisado generó una gran confusión y protesta en enero, luego de que una primera versión causara deportaciones y detenciones de personas que ya estaban viajando a Estados Unidos cuando se firmó la orden. El Noveno Circuito en febrero confirmó una orden judicial que suspendió el veto migratorio original, llevando a la versión renovada del presidente.
La nueva orden eliminó a Irak de la lista de países excluidos y no tocó a los portadores de green card o de residencia permanente ni a quienes tengan visado válidos, como lo había hecho la primera orden.
En Richmond, los abogados del gobierno pedirán a la corte que limite su revisión al lenguaje de la orden. El decreto no menciona la religión, y la administración dice que está diseñada para dar a los funcionarios tiempo para evaluar los procedimientos de selección existentes para las entradas de países que el Congreso y el gobierno de Obama identificaron anteriormente como áreas de “preocupación”.
El Departamento de Justicia dijo en declaraciones a los tribunales que la confianza del tribunal inferior en las declaraciones hechas por el entonces candidato Trump durante la campaña “no tiene precedentes”: “El tribunal debería haber estado centrado en actos oficiales, no en motivaciones subjetivas percibidas”.
Los funcionarios policiales de 13 estados, incluyendo Texas, Arizona y Florida, respaldaron a la administración en declaraciones judiciales, instando al Cuarto Circuito a no interferir con “un área de autoridad ejecutiva más fuerte” y argumentando que los ciudadanos extranjeros no tienen un derecho constitucional a entrar a Estados Unidos.
La demanda en Maryland fue llevada por organizaciones e individuos, incluyendo ciudadanos musulmanes de Estados Unidos y musulmanes portadores de green cards que están tratando de reunirse con familiares que serían afectados por el decreto. Están siendo representados por el Centro Nacional de Derecho Migratorio y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).
Permitir que la política siga adelante perjudica a los demandantes individuales “por prolongar la separación de sus seres queridos, la mayoría de los cuales permanecen en condiciones peligrosas en el extranjero”, según sus abogados, encabezados por el abogado de ACLU, Omar Jadwat.
Los opositores argumentan que la orden de viaje del presidente viola específicamente la cláusula de la Primera Enmienda que prohíbe al gobierno favorecer o condenar una religión en particular.
“El mensaje anti-musulmán que se expresa en la orden los señala con un estigma particular porque son inmigrantes musulmanes”, dijo el ACLU.
Diversas organizaciones que representan a compañías de tecnología en Massachusetts, directores de museos de arte, líderes religiosos y sindicatos presentaron denuncias contra la política del gobierno.
Más de 40 ex funcionarios de seguridad nacional, de política exterior y de inteligencia, incluyendo a las ex secretarios de Estado Madeleine Albright y John Kerry, también firmaron una breve declaración diciendo que el veto migratorio es equivocado y socavaría la seguridad estadounidense agregando a la narrativa que Estados Unidos está en guerra con el Islam. La orden “perjudicará las relaciones con las comunidades musulmanas en las que los profesionales de la aplicación de la ley confían para hacer frente a la amenaza del terrorismo”.
La seguridad nacional no está en peligro, dijeron los ex funcionarios, porque los viajeros ya están sometidos a una vigorosa investigación antes de que se expidan los visados.
Una coalición de unos 50 profesores de derecho constitucional se unieron a un escrito separado insistiendo en que las observaciones del presidente deben ser consideradas. Incluso si el tribunal se inclina hacia el lado del presidente cuando se trata de la inmigración y la seguridad nacional, los profesores dijeron, “es difícil imaginar un caso más claro de acción gubernamental motivada por animosidad hacia una sola religión”.
Los abogados en contra del veto migratorio hicieron paralelismos con el caso de la Corte Suprema de 1944 Korematsu versus Estados Unidos e instaron a la prudencia. En ese caso, el tribunal se puso del lado del gobierno, cuyas preocupaciones de seguridad nacional ordenaron mantener internados a los estadounidenses descendientes de japoneses durante la Segunda Guerra Mundial.
El profesor de derecho de la Universidad de Texas, Stephen Vladeck, quien firmó un escrito que desafía la primera intento del veto migratorio, dijo que la lección de Korematsu es que “incluso, si no especialmente, cuando el gobierno afirma que una política discriminatoria se justifica por preocupaciones amorfas de seguridad nacional, los tribunales deben tratar estas afirmaciones con gran escepticismo”.
(Traducción El Tiempo Latino/El Planeta Media)
