Una forma de estatus legal de inmigración se vencerá pronto para 300 mil haitianos y centroamericanos residiendo legalmente en los Estados Unidos, algunos por hasta dos décadas; pero la administración de Trump ha dado poca indicación de que planea renovar el beneficio.
A los inmigrantes se les ha permitido vivir y trabajar en los Estados Unidos bajo un programa llamado Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que protege a inmigrantes de ser deportados si sus naciones han sido afectadas por desastres naturales, guerras civiles u otras calamidades.
El permiso para quedarse debe ser renovado periódicamente por el el Departamento de Seguridad Nacional, y en las próximas semanas la agencia decidirá el destino de alrededor de 195 mil salvadoreños, 57 mil hondureños, 50 mil haitianos y 2 mil 550 nicaragüenses. Una vez se venza la protección, los inmigrantes estarán sujetos a deportación.
El dilema no es tan conocido como el de los inmigrantes que han estado protegidos por la Acción Diferida de Llegados en la Niñez (DACA, por sus siglas en inglés), el programa que el Presidente Donald Trump está cancelando. Pero la eliminación de la protección TPS podría tener amplias consecuencias, especialmente en ciudades como Los Ángeles, Miami, Houston y Washington, en donde residen muchos de los beneficiarios y sus hijos nacidos en los Estados Unidos.
Los legisladores Demócratas y grupos de activistas están exhortando a la administración a que extienda la protección TPS, alertando que los costos humanitarios y económicos de expulsar a tantos residentes que llevan largo tiempo en los Estados Unidos serían profundos.
Adicionalmente, dicen que los países aún están afectados por la violencia, las enfermedades y la pobreza, y que la pérdida abrupta de las remesas en efectivo que los inmigrantes envían desde los Estados Unidos sería un duro golpe para la economía endeble de esas naciones.
Los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional dicen que la secretaria actual de la agencia, Elaine Duke, todavía debe tomar la decisión y continúa consultando con el Departamento de Estado, el cual provee al Departamento de Seguridad Nacional con información específica de cada país acerca de si sus condiciones han mejorado.
Pero los oficiales de la administración dicen que el programa TPS nunca tuvo el propósito de ser una vía para que los inmigrantes se quedaran indefinidamente en los Estados Unidos, y lo ven como parte de una cultura mas amplia de negligencia en la aplicación de la ley de inmigración que quieren remediar.
“Estamos viendo que el estatus de protección temporal significa que es temporal, y no ha sido temporal por muchos años. Nosotros, el gobierno de los Estados Unidos, hemos creado una situación en la que las personas se han quedado a vivir en este país por largo tiempo”.
“Cada vez damos una extensión y volvemos a dar una extensión, y pronto tenemos a personas que han vivido aquí por mas de 20 años bajo lo que se supone que era un programa temporal”, dijo Lapan. “¿Cuándo termina eso?”.
El Departamento de Seguridad Nacional tiene hasta el 6 de noviembre para anunciar sus planes para los aproximadamente 60 mil hondureños y nicaragüenses cuyos beneficios se vencen el 5 de enero. Se les permitió quedarse después de que el Huracán Mitch ocasionara 10 mil muertos a lo largo de Centroamérica en 1998, por lo que muchos han estado en los Estados Unidos por al menos dos décadas.
Los haitianos recibieron una prórroga similar luego del terremoto de 2010 que dejó al menos 200 mil muertos. Pero alrededor de 50 mil haitianos que tienen protección TPS podrían verse forzados a volver si el Departamento de Seguridad Nacional no les otorga la extensión en las próximas semanas. La fecha límite para ese anuncio es el 23 de noviembre, el Día de Acción de Gracias.
En mayo, el entonces Secretario John Kelly, renovó las protecciones TPS por seis meses para los haitianos, mucho menos que las exenciones que otorgaba la administración de Obama. En una declaración en ese momento, Kelly lo llamó una extensión “limitada” cuyo propósito era “permitir a los haitianos viviendo en los Estados Unidos bajo el TPS que obtuvieran sus documentos de viaje e hicieran los arreglos necesarios para su partida final de los Estados Unidos”, y “proveer al gobierno de Haití el tiempo necesario para que se preparara para la futura repatriación de todos los beneficiarios actuales del TPS”.
Los analista de políticas de inmigración dicen que el Departamento de Seguridad Nacional podría dar una extensión similar para los centroamericanos, incluyendo cerca de 200 mil salvadoreños, cuya protección vence en marzo.
Mark Krikorian, Director Ejecutivo del Centro de Estudios de Inmigración, que busca reducir la inmigración en los Estados Unidos, dijo que la mayor prueba para la administración de Trump será lo que el Departamento de Seguridad Nacional decida para los haitianos, dado que se denominó la extensión previa de Kelly como una extensión “limitada”.
“Eso determinará si es algo mas que retórica”, dijo Krikorian. “Ahí es cuando veremos qué tan comprometida está la Casa Blanca en hacer que el Estatus de Protección Temporal sea realmente temporal”.
Los oficiales del Departamento de Seguridad Nacional no dijeron si se recibieron instrucciones y cuáles por parte de la Casa Blanca, en donde los funcionarios remitieron las preguntas a ese Departamento.
Honduras y El Salvador tienen unas de las tasas de homicidio mas altas del mundo, y decenas de miles de ciudadanos continúan intentando venir ilegalmente a los Estados Unidos cada año.
Haití, el país mas pobre del hemisferio oeste, todavía sufre de la cólera introducida por las tropas de las Naciones Unidas que fueron enviadas luego del terremoto, además de la escasez de alimentos y daños por los recientes huracanes.
Pero los oficiales de la administración dicen que el regreso de decenas de miles de personas a Haití y a Centroamérica beneficiaría a esas naciones, porque los ciudadanos regresarían con habilidades, valores y capital de inversión adquiridos durante su vida en los Estados Unidos.
Esta semana, 20 senadores Demócratas, liderados por el Senador Benjamin Cardin y el Senador Tim Kaine, enviaron una carta a Duke y al Secretario de Estado, Rex Tillerson, exhortando una extensión de las fechas límites para el TPS. Hay alrededor de 30 mil beneficiarios del TPS viviendo en el área de Washington con sus familias, de acuerdo a activistas de inmigración.
“Estos individuos son las personas mas minuciosamente examinadas del país”, dijo Tom Jawetz, analista de políticas de inmigración del Centro para el Progreso de Estados Unidos, de inclinación de izquierda.
Dijo que los beneficiarios del TPS son los padres de 190 mil niños ciudadanos de los Estados Unidos, y la ansiedad de no saber lo que ocurrirá con sus padres está generando un “daño emocional, social y educativo devastador”.
Pero tal como el debate de DACA, la decisión del TPS se ha vuelto un indicador para un argumento mas amplio acerca de la inmigración y la aplicación de la ley en los Estados Unidos. La administración de Trump ha estado indicando que quiere romper con sus predecesores y pareciera que quieren hacer una declaración del tema, según dijo Doris Meissner, la principal funcionaria de inmigración en la administración de Clinton.
“El punto principal es que no quieren que estén aquí personas por razones humanitarias”, dijo Meissner, ahora miembro principal del Instituto de Política de Migración en Washington. “No ven estos diferentes elementos de la política de inmigración como algo positivo para los Estados Unidos, o como una expresión mas amplia de nuestros valores e imagen ante el mundo”.
