A través de la canciller de Guatemala, Sandra Jovel, el gobierno del presidente Jimmy Morales anunció este 7 de enero la culminación del acuerdo que el país centroamericano pactó con la Organización de las Naciones Unidas para el funcionamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
La información llegó, según reseñó la agencia de noticias EFE, luego de una reunión con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a quien se le expresó el paso dado por el gobierno guatemalteco.
Asimismo, Jovel detalló que los representantes de la ONU “deberán entregar sus capacidades a las instancias correspondientes” y salir de este territorio.
La funcionaria agregó que “después de 16 meses de espera por una solución conciliatoria y con el objeto de restaurar las garantías de los derechos humanos y las garantías constitucionales del sistema de justicia guatemalteco y en un plazo de 24 horas de recibida la notificación que hoy se le dijo al secretario general que el gobierno” da por terminado el acuerdo.
El motivo, siguió la canciller, se centró en la “pasividad y falta de respuesta” por parte de la ONU, pese a que su país tiene más de un año “buscando un diálogo” con dicho ente.
La ministra de Relaciones Exteriores recordó que la decisión fue tomada por Morales “de acuerdo con sus facultades exclusivas que le otorga la Constitución”, considerando además que la ONU incurrió en una “violación grave” del acuerdo.
Asimismo, reclamó a la ONU “la extralimitación de la comisión en su mandato y en sus funciones invocando una supuesta lucha contra la corrupción” para “realizar una persecución selectiva y mediatizar y politizar la persecución penal y la justicia”.
