Colombia es un país donde el agua de varias ciudades importantes y un sinnúmero de comunidades rurales depende en parte de los páramos, ecosistemas tropicales de alta montaña que, por sus características, funcionan como fábricas de agua. Estos entornos naturales, que también se encuentran en otros países de la región andina, son fundamentales para numerosas actividades humanas que dependen del líquido. Además, los páramos son sumideros de carbono, que sirven para mitigar el cambio climático.
Los páramos están amenazados por usos del suelo y del subsuelo que tienen impactos intensos y que por lo tanto no son compatibles con su conservación. Uno de los más perjudiciales es la minería a gran escala: proyectos de desarrollo para extraer oro, principalmente. El metal no tiene ningún uso para producir energía y se utiliza principalmente para joyería y reservas financieras, pues el uso médico e industrial es minoritario.
La debilidad del Estado de derecho en Colombia tampoco ayuda. Tenemos una cultura política en la cual vivimos en un “legalismo mágico”, que reconoce muchos derechos en el papel pero que hace difícil llevarlos a la práctica. La realidad es obstinada y la guerra de más de medio siglo de la que intenta salir el país también hace difícil que las leyes ambientales sean acatadas en las zonas más apartadas de nuestra geografía.
Los colombianos hemos alcanzado un consenso sobre la importancia de proteger los páramos para las generaciones presentes y futuras. La Corte Constitucional, máxima instancia judicial del país, se ha pronunciado en forma clara a favor de prohibir la minería en esos ecosistemas, debido a los enormes impactos que este tipo de desarrollos pueden generar en tales entornos. El Congreso también ha expedido legislación al respecto, y algunas agencias del gobierno han emprendido tareas para planear qué se puede hacer y qué no en los páramos, pues muchos de ellos están habitados por campesinos.
Pero este consenso está siendo desafiado por el arbitramento internacional de inversiones. Las empresas que no han podido avanzar con sus proyectos de desarrollo, a pesar de que en muchos casos tenían conocimiento desde el principio de que la minería en páramos está prohibida, están demandando al Estado, usando instancias que son opacas, no rinden cuentas y no permiten acceso a información, ni participación de las comunidades afectadas.
En algunos casos, el principal activo de las corporaciones mineras son sus demandas contra gobiernos del sur global que fueron forzados por sus ciudadanos a proteger el ambiente, y así se lo hacen saber a los inversionistas. Es como un casino donde los jugadores apuestan con el agua de millones de ciudadanos.
En el caso del páramo de Santurbán, que provee agua a unos dos millones de colombianos, los ciudadanos preocupados por el futuro del agua que beben ellos y sus hijos, no han tenido acceso a información, ni han podido participar en el litigio de inversiones promovido por una minera que estima que proteger el agua de cientos de miles de ciudadanos es una suerte de expropiación de sus activos. Los jueces que lo discuten no se han dado la oportunidad de escuchar los aportes de quienes habitan esos territorios sobre los que tienen poder de decisión, pero que nunca visitarán.
Las instancias de arbitramento tienen un lugar relevante en la resolución pronta de disputas entre los Estados y los inversionistas, pero deben cumplir unos requisitos mínimos de transparencia y rendición de cuentas. No deberían ser una isla respecto al resto del derecho internacional, que da un lugar importante a la protección de los ecosistemas y las comunidades que dependen de ellos. No es aceptable que el futuro de una comunidad o un país sea resuelto sin un mínimo de publicidad.
