La Casa Blanca está proponiendo cambiar las regulaciones existentes hace 50 años, con el propósito de acelerar el desarrollo de nuevas minas, oleoductos y cientos de otros proyectos en el país, incluyendo algunos que podrían dañar el medio ambiente y acelerar el cambio climático.
Esta medida también podría impedir que las comunidades tengan voz propia sobre lo que se construye en sus patios traseros.
Las reglas propuestas que el Presidente Trump anunció este jueves reducirían el alcance del Acta de Política Ambiental Nacional (NEPA), que requiere que las agencias federales evalúen el impacto de un proyecto importante antes de que se inicie algún trabajo.
Y esto significa que las comunidades tendrían poco que decir sobre lo que se construye en sus vecindarios. Los grupos ambientalistas, activistas tribales y otros han utilizado la ley para retrasar o bloquear una serie de proyectos de infraestructura, minería, tala y perforación desde que fue firmada por el presidente Richard Nixon en 1970.
Sin embargo, la industria se ha quejado durante mucho tiempo del proceso. Al hablar con los reporteros este jueves, el Secretario del Interior David Bernhardt dijo: “El paso que estamos dando, que en última instancia conducirá a las regulaciones finales, creo que dará un empujón en la entrega de mejores resultados al pueblo estadounidense, al reducir la burocracia que ha paralizado la toma de decisiones por generaciones”.
Es casi seguro que la propuesta de la Casa Blanca se enfrente a desafíos legales.
El reglamento propuesto redefiniría lo que constituye una “acción federal importante” para excluir los proyectos financiados por el sector privado que tienen un mínimo de financiación o participación gubernamental.
Con información de The Washington Post