WASHINGTON, DC.— En medio de un polémico proceso de confirmación, el secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, afirmó este miércoles ante el Senado que no hay pruebas que respalden las acusaciones de esterilizaciones forzadas a mujeres bajo custodia de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés).
Wolf acudió este miércoles a una breve audiencia de confirmación en el Comité de Seguridad Nacional del Senado, en la que defendió la legalidad de su nombramiento, y rechazó acusaciones de que el Departamento de Seguridad Nacional haya sometido a mujeres migrantes a esterilizaciones forzadas en un centro de detención de ICE en Ocilla (Georgia).
“Algunos de los hechos sobre el terreno… no respaldan esas acusaciones”, afirmó Wolf, que desde el año pasado ha ocupado el cargo de secretario de Seguridad Nacional de forma temporal.
Diversos congresistas demócratas y grupos defensores de los derechos humanos y de los inmigrantes han dejado en claro que el DHS ha violado esos derechos y que Wolf no merece la confirmación.
El liderazgo del Caucus Hispano del Congreso, presidido por el congresista demócrata por Texas, Joaquín Castro, urgió en una carta al Senado rechazar la confirmación de Wolf, a quien acusan de liderar una mala gestión del DHS, “un patrón de engaños e imprecisiones”, y la implementación de algunas de las políticas migratorias más alarmantes en la historia” del país.
Amnistía Internacional USA, que raras veces se pronuncia sobre nombramientos públicos, hizo un llamado hoy a que el Senado frene el proceso de confirmación hasta que se investigue “plena y exhaustivamente” la implicación de Wolf en violaciones a los derechos humanos de los inmigrantes, incluyendo la política de la masiva separación de familias y enjuiciamiento de inmigrantes indocumentados en la frontera en 2018.
Wolf rechaza acusaciones sobre esterilizaciones forzadas
La audiencia puso los reflectores en una denuncia formulada el pasado 14 de septiembre por varios grupos cívicos en nombre de Dawn Wooten, una enfermera que trabajaba en el centro de detención de ICE en Georgia que aseguró que varias mujeres fueron sometidas a esterilizaciones u otros tratamientos ginecológicos sin su pleno conocimiento o consentimiento.
Preguntado al respecto, Wolf dijo que su agencia “se toma muy en serio” las denuncias y que está cooperando con la investigación que ha iniciado la OIG en Ocilla.
“Parte de los hechos que hemos visto sobre el terreno hasta ahora, sobre algunas de las acusaciones que considero más dramáticas respecto a ciertos procedimientos médicos… no respaldan esas acusaciones, pero permitiré que el proceso de la OIG siga su curso”, aseguró Wolf.
“Si hay una pizca de verdad en todo eso, les garantizo que exigiré cuentas a los responsables y tomaré acciones muy decisivas. Por ahora son acusaciones y necesitamos asegurarnos de que las investigamos plenamente para que se escuche a todos los bandos”, subrayó.
La denuncia de Wooten fue presentada ante la Oficina del Inspector General del DHS, y los grupos cívicos no descartan entablar una demanda colectiva contra ICE.
Una inmigrante de Camerún, Pauline Binam, figura entre las mujeres que presuntamente fueron sometidas a operaciones sin su permiso. En su caso, Binam dijo a su abogada que pensó que sería sometida a una simple operación de “dilatación y curetaje”, pero posteriormente se enteró de que el médico le extirpó una de las trompas de Falopio, imposibilitando que pueda tener más hijos en el futuro de forma natural.
Binam se salvó de la deportación el miércoles de la semana pasada gracias a la intervención de varias congresistas demócratas. Cediendo a presiones de las congresistas y grupos cívicos, ICE la puso en libertad por razones humanitarias.
Sin ofrecer una cifra concreta, la denuncia de Wooten asegura que fueron varias las víctimas del médico, apodado “el recolector de úteros”. El médico, identificado por algunos medios de prensa como Mahendra Amin, ha rechazado las acusaciones.
El hospital del Condado Irwin, que atiende a las detenidas por ICE, ha dicho a la prensa que sólo ha realizado dos histerectomías desde 2017.
Un portavoz de ICE, Bryan Cox, ha dicho que las detenidas ya no serán enviadas a consultas con Amin, pero rechazó hacer más comentarios debido a la investigación en curso.
El caso ha atraído cobertura mediática internacional y supone otro escándalo para ICE, que ya tiene un historial de demandas por abusos, maltrato, y negligencia médica de los detenidos bajo su custodia, máxime en tiempos de la pandemia del COVID-19.
Varios líderes demócratas y grupos cívicos pro-inmigrantes en todo el país argumentan que el caso es otra razón para exigir la clausura de ese centro de detención en el Condado de Irwin, en Georgia, administrado por la empresa privada, LaSalle Corrections.
Paola Luisi, directora del grupo Families Belong Together, acusó a Wolf de avanzar una política migratoria “racista” que ha conllevado a la separación de bebés de sus padres, la represión de inmigrantes y manifestaciones pacíficas en diversas ciudades, la expansión de cárceles privadas, y casos de abuso sexual y esterilizaciones forzadas de mujeres bajo custodia de ICE.
“Hasta el día de hoy, (Wolf) se niega a poner en libertad a centenares de familias bajo su custodia pese a las súplicas de doctores, enfermeras, y expertos en salud pública. Un hombre que considera que un bebé es una amenaza para la seguridad nacional no es apto” para ese cargo, puntualizó Luisi.
¿Un nombramiento legal?
El mes pasado, una investigación de la Oficina de Supervisión del Gobierno (GAO, por su sigla en inglés), determinó que los nombramientos actuales de Wolf y de su “número dos” en el DHS, Ken Cuccinelli, violan el Acta de Reformas sobre Vacantes (“Vacancies Reform Act”), una ley que rige los nombramientos y la línea de sucesión en las agencias federales.
Esa ley federal, en concreto, estipula los procedimientos que el gobierno debe seguir para la designación de funcionarios públicos que requieren el visto bueno del Senado. Según la GAO, la Administración Trump no siguió las reglas debidamente en los nombramientos de Wolf y Cuccinelli.
Pero Wolf defendió el nombramiento temporal que obtuvo en 2019, argumentó que la GAO ha errado en su análisis y que, en todo caso, la decisión de esa entidad “no es vinculante”.
Por otra parte, Wolf dijo que “apenas anoche” se enteró de que el DHS concedió un contrato de poco más de $6 millones a una empresa tecnológica donde su esposa, Hope, trabaja como una vicepresidenta de operaciones profesionales.
Según Wolf, cualquier sugerencia de que él influyó en los contratos es “una historia fabricada”. Su esposa tiene un fondo de jubilación por poco más de un millón de dólares, según documentos financieros entregados al Senado.
“No tengo ningún papel en las licitaciones. No las veo hasta que son publicadas… si estuviese implicado en las licitaciones, que no es así, tengo mecanismos para recusarme”, y “no hay prueba de nada”, insistió Wolf.
Según la cadena NBC, el DHS concedió dos contratos en 2018 y 2019 a la empresa Berkeley Research Group para software de tecnología de información, lo que podría causar conflicto de interés si Wolf es confirmado en el cargo.
La audiencia, de menos de dos horas y altamente polarizada, duró menos de lo que habitualmente toman las vistas de confirmación de un funcionario público, pero todo parece indicar que Wolf será confirmado por el Senado, bajo control republicano.
Una vez confirmado, Wolf estaría al frente de una agencia de 200,000 empleados públicos -la tercera más extensa de la burocracia federal-, que durante años ha sido blanco de ataques por presuntas deficiencias, y de numerosas demandas por abusos en los centros de detención de ICE y la represión contra inmigrantes indocumentados y solicitantes de asilo, entre otros factores.
