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MIGRACIÓN. Pese a la situación, los migrantes siguen apuntando a EEUU/EFE
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La regla de carga pública aprobada durante a presidencia de Donald Trump y que tenía como finalidad que los beneficios migratorios estuviesen limitados para aquellas personas que pudieran depender de la ayuda gubernamental, fue derogada este jueves por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La nueva ley culminada el jueves 8 de septiembre disuelve la política de carga pública de la era Trump, que daba luz verde para que se le negara el estatus de residente permanente a los migrantes si habían recibido o esperaban recibir asistencia alimentaria, Medicaid, asistencia para la vivienda o el acceso a algún otro beneficio público.

20 meses después. La carga pública de Trump dejó de tener efecto durante la administración de Joe Biden, específicamente en marzo de 2021.

  • El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, afirmó en un comunicado que "esta acción garantiza un trato justo y humano para los migrantes legales y sus familiares ciudadanos estadounidenses".
  • “De acuerdo con los valores fundamentales de Estados Unidos, no penalizaremos a las personas por optar por acceder a los beneficios de salud y otros servicios gubernamentales complementarios disponibles para ellos”, dijo.

La nueva regla. Culminada a finales de agosto, la regla que reemplazará a la de Trump, entrará en vigencia el próximo 23 de diciembre.

  • Esta complementa el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA en inglés), aprobado durante el gobierno de Barack Obama.

La carga pública o la prueba de carga pública fue impuesta durante la era de Donald Trump que le permitía a un oficial migratorio evaluar las solicitudes de migración y tomar las decisiones que consideraba pertinentes.

En dicha revisión, el oficial tomaba en cuenta la edad del solicitante, su estado de salud y sus ingresos económicos, entre otras cosas y de allí valoraba si esta persona requeriría apoyo gubernamental a futuro. En caso de que sí lo necesitara, la solicitud podía ser negada por carga pública.

Fuente principal de la noticia: POLITICO

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