Ocho meses después de que el presidente Donald Trump declarara una “emergencia por crimen”, la presencia de la Guardia Nacional no solo continúa, sino que se ha normalizado, pese a su alto costo y al debate político que genera.
Un despliegue sin fecha de salida
El operativo comenzó en agosto tras una orden ejecutiva que calificó la situación de seguridad en la capital como una emergencia. Desde entonces, más de 2,500 efectivos de la Guardia Nacional permanecen activos en la ciudad, patrullando estaciones de metro, zonas turísticas y vecindarios. A diferencia de otras ciudades como Los Ángeles o Chicago, donde despliegues similares fueron detenidos o limitados por tribunales, en DC la operación sigue sin un final claro.
El costo también genera controversia. Según el presidente del Concejo de DC, Phil Mendelson, los contribuyentes pagan más de un millón de dólares diarios por la presencia militar.
“La presencia de soldados armados en las calles estadounidenses no es una buena imagen”, advirtió.
Resultados en disputa
La Casa Blanca defiende la estrategia y asegura que ha tenido impacto. Según sus cifras, la fuerza conjunta ha logrado 12,000 arrestos, incluidos 62 miembros de pandillas, además de incautar miles de armas ilegales. La portavoz Abigail Jackson afirmó que la operación ha producido “resultados extraordinarios para las comunidades locales”.
Sin embargo, funcionarios locales cuestionan cuánto de esa reducción del crimen puede atribuirse al despliegue militar. Datos indican que la criminalidad ya venía disminuyendo antes de la intervención, aunque estas cifras están bajo investigación por posibles manipulaciones dentro de la policía local.
Un tema ausente en la campaña electoral
A pesar de elecciones clave en el horizonte, la presencia de la Guardia Nacional no domina el debate político. Los candidatos y el Concejo de DC han centrado sus campañas en temas como el costo de vida, la autonomía estatal y el empleo, dejando el despliegue militar en un segundo plano.
Incluso la alcaldesa saliente, Muriel Bowser, ha mantenido una postura ambigua: coopera con el gobierno federal en algunos aspectos, pero rechaza otros, como políticas migratorias. Mientras tanto, el Concejo aprobó medidas para exigir mayor transparencia en las operaciones federales.
Entre la normalización y la preocupación ciudadana
Con el paso de los meses, las quejas públicas han disminuido. Algunos residentes incluso expresan empatía hacia los soldados, especialmente tras un ataque en el que murió una joven especialista de 20 años. “Fue horrible”, dijo un comisionado vecinal tras el incidente.
Aun así, persisten las críticas. La concejal Brianne Nadeau cuestionó el uso de recursos federales:
“Sería mejor que ayudaran en lo que realmente necesitamos y no actuaran como un ejército invasor”.
Autonomía limitada y batalla legal
El caso también pone en evidencia las limitaciones de autogobierno de Washington, DC. Como distrito federal, el Congreso y el presidente mantienen control directo sobre su presupuesto y seguridad, incluyendo la Guardia Nacional. Esto dificulta que autoridades locales puedan frenar el despliegue.
Organizaciones civiles planean protestas para el 1 de mayo, denunciando lo que llaman una “ocupación militar” y advirtiendo que la presencia armada podría intimidar a votantes en las próximas elecciones.
“Tenemos que asegurarnos de que la gente se sienta segura al votar”, afirmó la activista Keya Chatterjee.
Mientras Washington, DC se prepara para elecciones decisivas, la presencia prolongada de la Guardia Nacional sigue generando tensiones entre seguridad, costos y derechos democráticos. Sin una decisión judicial o un cambio político, todo apunta a que los soldados continuarán en las calles, en una ciudad donde la línea entre protección y control federal sigue siendo objeto de debate.
