Cada vez que abres una aplicación, lees una noticia o buscas algo en internet, docenas de empresas registran tu ubicación, tus hábitos y tus contactos para mostrarte anuncios. Esa industria, conocida como adtech o tecnología publicitaria, construyó durante años un sistema diseñado para venderte productos. Ahora, ICE quiere usar ese mismo sistema para encontrar personas y deportarlas.
El 23 de enero de 2026, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas publicó una Solicitud de Información formal en SAM.gov, el registro federal de contratos del gobierno, dirigida a empresas del sector del adtech y big data. El objetivo declarado: entender qué herramientas comerciales existen para localizar individuos y dispositivos a gran escala, vincular personas con ubicaciones y detectar patrones de comportamiento. Es la primera vez que ICE menciona el término ad tech en un documento federal oficial.
Qué es el adtech y qué información tiene sobre ti
El ecosistema del adtech funciona a través de identificadores únicos asignados a cada dispositivo móvil. Cada vez que visitas un sitio web o abres una aplicación, ese identificador se transmite a redes de publicidad que registran tu ubicación con precisión de metros, el tipo de contenido que consumes, los horarios en que usas el teléfono y los sitios que visitas. Las empresas denominadas data brokers compilan esta información de múltiples fuentes y la venden a anunciantes.
Según datos del sector, una sola empresa de data brokering puede acumular hasta 1.500 puntos de datos por usuario. La información puede incluir dirección del hogar, lugar de trabajo, frecuencia de visita a determinadas zonas, historial de compras y red de contactos. Todo ello obtenido sin que el usuario lo sepa de forma explícita, a través de los permisos de las aplicaciones que acepta al instalar.
Por qué no existe una ley que lo impida
Estados Unidos no cuenta con una ley federal de privacidad de datos que regule de forma comprehensiva la compra de información de localización por parte de agencias gubernamentales. La Cuarta Enmienda, que protege a los ciudadanos de registros sin orden judicial, fue interpretada históricamente por los tribunales como aplicable solo a información en poder de los propios ciudadanos, no a datos compartidos voluntariamente con terceros como las aplicaciones.
Aunque la Corte Suprema, en el caso Carpenter v. United States de 2018, limitó el acceso gubernamental a datos de localización de teléfonos sin orden judicial, esa decisión no cubre explícitamente los datos comprados en el mercado publicitario. La solicitud de ICE navega precisamente ese espacio gris: en lugar de obtener los datos directamente del teléfono, los compraría a intermediarios privados.
Qué significa esto para inmigrantes en EE.UU.
Si ICE accediera a bases de datos de adtech, podría identificar patrones de movimiento que permitan inferir el lugar de residencia de una persona, sus rutas habituales, los lugares de trabajo que frecuenta y sus redes de contacto, sin necesidad de vigilancia directa ni de obtener información de las propias fuentes. La tecnología permitiría cruzar esos datos con registros de inmigración para generar perfiles de localización automatizados.
El impacto potencial afecta directamente a la comunidad latina en EE.UU.: aproximadamente 11 millones de personas viven en el país sin estatus legal, muchas de ellas con teléfonos inteligentes y aplicaciones que generan el tipo de datos que ICE quiere adquirir. Pero el alcance no se limita a personas indocumentadas: los datos de adtech no distinguen estatus migratorio, lo que podría derivar en errores similares a los que ya se documentaron en el sitio Aliens.gov.
Resistencia desde el Congreso y la industria
La iniciativa ya generó respuesta en el Congreso. Varios legisladores presentaron propuestas que exigirían órdenes judiciales para que agencias gubernamentales compren datos de localización a data brokers. Organizaciones como la Network Advertising Initiative, que agrupa a empresas del sector, expresaron apoyo a marcos regulatorios más claros que definan límites sobre el uso gubernamental de datos comerciales.
Para un análisis en profundidad de las implicaciones estratégicas y legales de esta iniciativa, Tiempo News publicó hoy un análisis detallado sobre cómo el sistema construido para la publicidad digital podría reconfigurar la aplicación de las leyes migratorias.
Qué puedes hacer ahora
Mientras el Congreso debate una regulación federal, hay pasos concretos que cualquier persona puede tomar para reducir su exposición al rastreo publicitario: revisar los permisos de ubicación de cada aplicación instalada, desactivar el identificador de publicidad del teléfono en los ajustes de privacidad, y evitar aplicaciones que soliciten acceso a la ubicación "siempre" cuando no es necesario para su funcionamiento. Organizaciones como la Electronic Frontier Foundation ofrecen guías actualizadas sobre privacidad digital en su sitio eff.org.
