Dinero oscuro: qué es y cómo se ve amenazado con la nueva propuesta de ley electoral

Más de mil millones de dólares se gastaron en las elecciones federales de 2020 y se desconoce su origen, de acuerdo con el Center for Responsive Politics

por | Abr 2, 2021

ELECCIONES. La propuesta de ley For the People Act establece la identificación de los donantes que pagan por anuncios electorales/Archivo

La propuesta de ley conocida como HR 1 o la For the People Act (Ley Para el Pueblo) se plantea como una amenaza al fenómeno del dark money (dinero oscuro), que es el envío de fondos con el fin de influir en los resultados políticos sin que se revele la procedencia del capital.

El tema del dinero oscuro no es popular en los debates políticos de la nación, pero está tomando popularidad principalmente por los cambios que traerá la For the People Act y por una notable aceptación de los electores en que se conozca de dónde provienen estos fondos.

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A menudo, el dinero oscuro proviene de organizaciones sin fines de lucro que no tienen obligación de revelar quiénes son sus donantes; a su vez, estos grupos pueden destinar hasta cierto límite sus fondos a campañas o comités de acción política. Como resultado, miles de millones de dólares han sido inyectados a los procesos electorales sin que se pueda rastrear su origen.

La propuesta de ley For the People Act establece la identificación de los donantes que pagan por anuncios electorales y quienes envíen 10 mil dólares o más a estas organizaciones, que hasta ahora pueden reservarse los nombres de sus contribuyentes, en caso de que vayan a gastar para influir en campañas políticas.

La llamada

En un reportaje de The New Yorker, publicado el 29 de marzo de este año, el medio reseñó una llamada privada entre un asesor político de Mitch McConnell, líder de la minoría republicana en el Senado, y representantes de prominentes grupos conservadores. La conversación ocurrió el pasado 8 de enero y en ella se expusieron preocupaciones por la For the People Act, cuyas amplias disposiciones se presentan como una reforma electoral de los demócratas.

En la llamada los participantes advirtieron que la propuesta de ley tiene un amplio apoyo de los liberales y conservadores. Trascendió que, aunque los republicanos rechazan la reforma en público, calificandola de impopular, a puertas cerradas se reconsideran las disposiciones.


En la conversación trascendió que disposiciones poco conocidas como la que busca acabar con el dinero oscuro tienen gran aceptación en todo el espectro político. Admitieron, además, que ningún mensaje podría contrarrestar la idea de impedir que multimillonarios compren elecciones, reseñó The New Yorker.

No consideraron viable montar una campaña para hacer cambiar de opinión al público, sino tratar de impedir la aprobación de la ley en el Congreso.

“Desafortunadamente, hemos descubierto que ese es un mensaje ganador, tanto para el público en general como para los conservadores”, dijo en la llamada Kyle McKenzie, director de investigación del grupo de defensa dirigido por Koch Stand Together.

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Steve Donaldson, asesor político del senador McConnell, comentó: “Cuando se trata de la privacidad de los donantes, no puedo enfatizar lo suficiente la rapidez con que las cosas se saldrán de control”.

Públicamente se manejan otros argumentos en contra de la propuesta de ley, como una presunta violación a la libertad de expresión de las personas o grupos sin fines de lucro al exigir identificación de los donantes de más de 10 mil dólares.

Datos clave

De acuerdo con el Center for Responsive Politics, grupo que investiga y rastrea el dinero oscuro, informó que en las elecciones federales de 2020 se gastaron más de mil millones de dólares por parte de organizaciones cuyos donantes no son identificados. De esa cifra, más de $654 millones provienen de solo 15 grupos.


El grupo que más gastó, según el Center for Responsive Politics, fue One Nation: una organización de bienestar social vinculada a McConnell. Sin embargo, tanto el Partido Demócrata como el republicano se han beneficiado de donantes anónimos.

La última década los candidatos conservadores son quienes más fondos anónimos han recibido, pero el año pasado grupos liberales de dinero oscuro gastaron más que sus contrapartes

El proyecto de ley

La propuesta For the People Act establecería un estándar nacional para votar, entre ellos la posibilidad de participar en ausencia en todo el país, la aceptación de boletas por correo hasta 10 días después del día de los comicios, un mínimo de 14 días consecutivos para votar de forma anticipada y permitiría un registro para ejercer el derecho el mismo día de la elección.

Entre otras disposiciones, no solo busca ampliar los derechos del voto sino que exige la divulgación de dónde proviene el dinero oscuro y busca frenar el gasto extranjero en las campañas.


Para Michael Waldman, presidente del Brennan Center for Justice de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, la For the People Act “refleja la urgente necesidad de reformas democráticas amplias”. Considera que las reglas de votación deben protegerse para que los republicanos -mediante modificaciones locales en cada estado- no reduzcan el electorado para los comicios de 2022.

Brendan Fischer, quien dirige el Programa de Reforma Federal del Campaign Legal Center, dijo que la llamada del 8 de enero evidenció que grupos adinerados trabajan para proteger su status quo, “donde los multimillonarios y las corporaciones son libres de comprar influencia en secreto”, según dijo en un contacto con The New Yorker.

For the People Act busca hacer frente a más de 250 proyectos locales de ley de los republicanos, en 43 estados, que restringirán el voto en ausencia, limitarían la votación anticipada o impondrán requisitos más estrictos de identificación de votantes, según el Brennan Center for Justice.

Varias propuestas de ley de los republicanos ya fueron aprobadas, en Iowa y Georgia por ejemplo, y muchas otras se están acelerando a través de las legislaturas estatales, de las cuales los republicanos controlan 60% de ellas en todo el país.

De acuerdo con una reseña de Bloomberg, los republicanos tienen el control total del gobierno estatal (las cámaras de la legislatura y la oficina del gobernador) en 23 estados.

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