En el mes de diciembre, la administración de Biden y el gobierno de México acordaron retomar el programa Migrant Protection Protocol (MPP), conocido en español como “Quédate en México”. El pasado lunes, San Diego se convirtió en la segunda ciudad fronteriza en la que los funcionarios federales implementaron la política, después de El Paso, Texas.
La organización internacional defensora de Derechos Humanos, Human Rights First mostró preocupación ante la reimplementación del programa, sobre la que ya habían reportado abusos y tratos inhumanos por parte de los funcionarios de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza (Customs and Border Protection), el gran peligro que corrían las personas al ser retornadas a las ciudades fronterizas mexicanas, así como en la logística del funcionamiento del programa.
Contexto. Como explica el sitio web del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), a través de este programa, las personas que ingresan a Estados Unidos, sin importar cómo, y aquellas que manifiestan interés en pedir asilo, son regresadas a México y allí esperar todo lo que dure su proceso en la corte de inmigración estadounidense.
- La medida fue implementada por primera vez en 2019, bajo la administración de Trump, con la intención de disuadir a los solicitantes de asilo, manteniéndolos fuera de Estados Unidos mientras se procesaban sus solicitudes.
- El programa se detuvo cuando Biden tomó el cargo, pero se volvió a implementar cuando un juez federal así lo ordenó en agosto de 2021, después de que Texas y Missouri demandaran por la forma como se dio término a la política, según el San Diego Union-Tribune.
Preocupaciones: Human Rights First publicó un reporte en el que puntualizó que el programa “está plagado de fallas fundamentales” desde su reimplementación.
- Antes de ser devueltos a Ciudad Juárez bajo el programa en diciembre, migrantes y solicitantes de asilo sufrieron tratos inhumanos bajo la custodia de los funcionarios de la Oficina de Aduana y Protección Fronteriza (CBP) donde se les prohibió contactar sus familias y se les negó el acceso significativo a un abogado.
- Los solicitantes de asilo y los migrantes entrevistados por Human Rights First dijeron que tenían miedo regresar a México y habían expresado ese temor a CBP. Estas personas estaban a punto de ser enviadas a Ciudad Juárez, una región para la cual el Departamento de Estado de EE. UU. ha emitido un advertencia sobre el alto riesgo de secuestros y violencia.
- Varios repatriados dijeron que los oficiales de asilo que llevaban a cabo las entrevistas fueron groseros y rudos. Dos casos relataron que cuando se les pidió que justificaran sus temores de regreso, intentaron informar a los oficiales sobre secuestros y ataques contra familiares y personas con las que habían viajado en México, pero los oficiales los cortaron, diciéndoles que las experiencias de los demás no eran pertinentes.
- Varias personas que habían sido devueltas informaron que, después de sus entrevistas, fueron presionadas para firmar documentos en inglés que no entendieron.
Con información de: The San Diego Union-Tribune
