Organizaciones sociales alineadas al oficialismo protestaron este sábado en Argentina contra los grandes empresarios agropecuarios, a los que acusaron de especular en perjuicio de "millones de argentinos". El civismo debe aumentar si se espera evitar problemas como éste en el futuro. FOTO: EFE/Matías Martín Campaya.

Los gobiernos deben ser transparentes y hacer partícipes a los ciudadanos en las decisiones sobre impuestos, gastos y regulaciones.

Agobiada por la inflación, el impacto de la invasión rusa a Ucrania y las secuelas de la pandemia, la región de América Latina y el Caribe se encuentra en un momento crítico.

Si no se hacen reformas, se podría volver a la tasa de crecimiento mediocre anterior a la pandemia, de alrededor del 2,5 por ciento, con mayor pobreza, desigualdad y polarización política. Sin embargo, los críticos que culpan a los gobiernos por las políticas que exacerban las desigualdades y ahogan la inversión pasan por alto una consideración vital: la falta de confianza entre los ciudadanos de la región. Los gobiernos que se centran en crear confianza pueden aumentar las probabilidades de que las reformas sean exitosas.

Con algunas excepciones, la confianza está cayendo en todas partes. En todo el mundo, entre 1985 y 2020, el porcentaje de quienes creían que se puede confiar en la mayoría de las personas descendió del 38 al 26 por ciento, según Integrated Values Survey. Nuestra investigación indica que el caso de América Latina y el Caribe es único. Solo una de cada 10 personas de esta región confía en sus conciudadanos. Menos de uno de cada tres confía en su gobierno.

Cuando dirigía el organismo regulador del sector bancario en Chile, experimenté lo difícil que es crear confianza y lo rápido que se puede perder. En 2015, la autoridad de la competencia destapó un escándalo de fijación de precios entre dos de las mayores empresas productoras de papel en el país.  Hice sonar la alarma de que era necesario actuar para restablecer la confianza y detener el posible contagio a un banco que tenía los mismos accionistas que una de las empresas en colusión.

Aislamos nuestro sistema bancario de cualquier consecuencia, pero este escándalo, entre otros, alimentó la ira y la frustración que muchos ciudadanos sentían hacia los privilegiados y poderosos. Fue uno de los varios detonantes de las protestas que sacudirían a Chile posteriormente.

Los efectos de la desconfianza son generalizados. La reticencia a pagar impuestos hace que la recaudación fiscal de la región sea unos 13 puntos porcentuales del PIB menos que en los países de la OCDE.  La economía informal es mayor en casi 20 puntos porcentuales del PIB.  Los particulares y las empresas no confían en que otros paguen sus impuestos. Esto priva a los gobiernos de los fondos tan necesarios.

La informalidad es mayor cuando las empresas y los trabajadores no creen que los demás cumplan las regulaciones del gobierno. En consecuencia, casi el 60 por ciento de los trabajadores de la región trabajan en empresas informales, que son menos productivas y ofrecen menos beneficios a los empleados. Nuestras encuestas revelan que muchos propietarios de empresas no confían en los otros. Prefieren contratar a miembros de la familia y tienen dificultades para hacer crecer sus negocios.

La desconfianza distorsiona lo que los ciudadanos quieren del gobierno. La mayoría cree que no se puede confiar en que los funcionarios públicos inviertan eficazmente en el interés público. Los escándalos de corrupción aumentan el escepticismo. La gente prefiere los programas que proporcionan dinero en mano, como las transferencias de efectivo y los subsidios. En consecuencia, los gobiernos tienen problemas para aplicar políticas a largo plazo que impulsen el crecimiento, como las reformas fiscales, laborales y de las pensiones, el apoyo a la investigación y el desarrollo, la apertura al comercio y el gasto en infraestructuras.

¿Qué se puede hacer? Los gobiernos pueden ayudar a los ciudadanos a estar más informados. Pueden facilitar la información sobre sus decisiones fiscales y de gasto, y sobre quién paga los impuestos. Pueden ser más transparentes sobre cómo regulan y cómo la regulación afecta el bienestar de los ciudadanos. También pueden empoderar a la gente reforzando las instituciones públicas, como los tribunales, la policía y la agencia antimonopolio.

Por ejemplo, la transparencia presupuestaria -mínima en muchos Estados latinoamericanos y del Caribe- puede informar a los ciudadanos sobre el uso los impuestos que tanto les cuesta recuadar. Resulta alentador que Argentina, Colombia, Barbados y otros nueve países de la región hayan creado o estén creando plataformas electrónicas para ayudar a los ciudadanos a supervisar los proyectos de infraestructura. Eso sirve para mejorar la eficiencia del gasto.

Los gobiernos deben disipar las ideas erróneas que prosperan en un vacío de información y llenarlo con hechos precisos y verificables. La ciudad de Buenos Aires publicó en su sitio web decenas de objetivos, desde instalar cámaras de seguridad en las calles hasta mejorar la infraestructura para las personas con discapacidad y ayudarlos a hacer seguimiento a los avances. Programas como ese pueden fomentar la confianza en el gobierno.

La solución al bajo crecimiento, la desigualdad y el menor apoyo a la democracia es hacer de la confianza un objetivo explícito de las políticas públicas. Como recompensa se puede obtener un mayor apoyo público a las reformas.  Se trata de algo más que sacar a la gente de la economía informal y conectarla con la global.  Se trata de dotar a la región de la oportunidad de dar rienda suelta al espíritu empresarial de sus habitantes, poniéndola en la senda de una mayor productividad y un crecimiento integrador.

El autor es economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo

Eric Parrado

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