Ruby Corado, la fundadora de la organización sin ánimo de lucro LGBTQ+ Casa Ruby, se declarará culpable de cargos de fraude electrónico después de que las autoridades federales la acusaran de apropiarse indebidamente de más de 150.000 dólares de fondos de ayuda para la pandemia, reseña WUSA9.
Según documentos judiciales, Corado presentará su declaración de culpabilidad en una fecha aún por determinar. La fecha concreta del 17 de julio no está confirmada.
Los expedientes judiciales revelan que Corado, de 53 años, recibió cargos por fraude electrónico. El FBI detuvo a Corado en marzo en un hotel de Laurel, Maryland, casi dos años después de que abandonara el país con destino a El Salvador. Hasta la fecha de su comparecencia ante el tribunal, permanece bajo arresto domiciliario de 24 horas.
Los fiscales federales alegan que Corado hizo un uso indebido de más de 150.000 dólares de los fondos de ayuda de emergencia respaldados por los contribuyentes y destinados a Casa Ruby, una organización sin ánimo de lucro dedicada a ofrecer alojamiento de transición y apoyo a los jóvenes LGBTQ+.
Durante más de una década, Casa Ruby dependió de las donaciones públicas y de las subvenciones del gobierno para llevar adelante su misión en Washington, DC. Sin embargo, la mala conducta financiera de Corado ha ensombrecido la historia de la organización.
Además, Corado se enfrenta a otra demanda de la Fiscalía General del Distrito de Columbia. Presentada en noviembre de 2022, la demanda la acusa de violar las leyes laborales del DC al no pagar a los trabajadores los salarios que les corresponden.
El fiscal general Brian Schwalb afirma que, entre 2016 y 2022, Casa Ruby recibió más de 9 millones de dólares en subvenciones del gobierno de DC La organización cerró en julio de 2022 tras los informes de mala gestión financiera.
Esta complicación legal supone un profundo cambio en la trayectoria de Corado, que ha pasado de ser una célebre activista a una figura envuelta en una controversia financiera. A pesar de sus esfuerzos pioneros en favor de la comunidad LGBTQ+, sus actuales problemas legales plantean interrogantes sobre la responsabilidad y la gestión financiera ética en las organizaciones sin ánimo de lucro.
A medida que se acerca la fecha del acuerdo de culpabilidad, el caso atraerá la atención de las fuerzas del orden y de la comunidad LGBTQ+, que en su día vio en Casa Ruby un refugio seguro. Este caso subraya la necesidad de una supervisión rigurosa en la gestión de los fondos benéficos, especialmente los destinados a apoyar a grupos vulnerables.
