El presidente Donald Trump firmó el 11 de diciembre de 2025 una orden ejecutiva que busca limitar la capacidad de los estados para regular la inteligencia artificial, argumentando que un mosaico de 50 regulaciones diferentes frena la innovación tecnológica estadounidense.
La orden, titulada "Asegurando un Marco Nacional de Política para la Inteligencia Artificial", establece que empresas estadounidenses de IA deben ser "libres para innovar sin regulaciones onerosas". El documento critica específicamente una ley de Colorado que prohíbe la "discriminación algorítmica", alegando que podría forzar a los modelos de IA a "producir resultados falsos" para evitar impactos diferenciados en grupos protegidos.
Tiempo News publicó un análisis detallado sobre las implicaciones estratégicas de esta orden ejecutiva y su impacto en el panorama regulatorio de la inteligencia artificial.
Qué dice la orden ejecutiva de Trump
La orden instruye al Departamento de Justicia crear un "Grupo de Trabajo de Litigios sobre IA" con el único propósito de impugnar leyes estatales que el gobierno federal considere inconstitucionales o en conflicto con su política nacional. Las bases para estas impugnaciones incluyen regulación indebida del comercio interestatal, conflictos con regulaciones federales existentes, o violaciones de la Primera Enmienda.
El Secretario de Comercio debe publicar, en un plazo de 90 días, una evaluación de leyes estatales de IA que identifique aquellas consideradas "onerosas" y en conflicto con la política nacional. Esta evaluación determinará qué estados perderán acceso a fondos federales del programa de Acceso y Despliegue de Banda Ancha (BEAD), según el documento oficial de la Casa Blanca.
Estados que podrían perder fondos federales
Al menos 1.000 proyectos de ley relacionados con IA fueron introducidos en legislaturas estatales durante 2025, según datos de la Casa Blanca y la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. California, Colorado, Utah y Texas han aprobado leyes integrales sobre IA que podrían quedar bajo escrutinio.
La orden condiciona fondos federales discrecionales a que los estados no promulguen o hagan cumplir leyes de IA que entren en conflicto con la política federal. Estados con leyes "onerosas" ya identificadas quedarán automáticamente excluidos de fondos BEAD no destinados a despliegue de infraestructura.
Phil Weiser, fiscal general de Colorado, anunció que el estado planea impugnar la orden en los tribunales. Scott Wiener, senador estatal de California y autor de la ley de seguridad de IA del estado, hizo declaraciones similares.
¿Puede el presidente anular leyes estatales?
La legalidad de la orden ejecutiva está en duda. David Sacks, asesor presidencial en IA, sugirió que el gobierno federal puede anular leyes estatales de IA bajo su autoridad para regular el comercio interestatal. Sin embargo, John Bergmayer, director legal de la organización sin fines de lucro Public Knowledge, dijo a NPR que "los estados, de hecho, están autorizados a regular el comercio interestatal. Lo hacen todo el tiempo".
Bergmayer citó la decisión de 2023 de la Corte Suprema en National Pork Producers Council v. Ross, donde la Corte sostuvo que una ley de California que restringe la venta de carne de cerdo no regula indebidamente el comercio entre estados.
Qué viene ahora para empresas y estados
La orden no deroga directamente ninguna ley estatal. Solo el Congreso o los tribunales pueden hacerlo. Hasta que se resuelvan los desafíos legales, las leyes estatales permanecen vigentes y las empresas podrían enfrentar penalizaciones por incumplimiento.
La Comisión Federal de Comunicaciones debe determinar si adopta un estándar federal de reporte y divulgación para modelos de IA que reemplace requisitos estatales conflictivos. La Comisión Federal de Comercio debe emitir una declaración de política explicando cuándo las leyes estatales que requieren alteraciones en los resultados de modelos de IA están prevenidas por la ley federal que prohíbe prácticas engañosas.
La administración también prepara una recomendación legislativa para establecer un marco federal uniforme que reemplace leyes estatales en conflicto, con excepciones para leyes relacionadas con protección infantil, infraestructura de centros de datos de IA, y uso gubernamental estatal de IA.
