La Corte Suprema de Estados Unidos escucha el miércoles 29 de abril, los argumentos orales en el caso que decidirá si la administración Trump puede cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 330.000 haitianos y 6.100 sirios. El fallo, que se esperaría entre junio y julio, podría redefinir el futuro de 1,4 millones de personas con TPS en todo el país, incluyendo miles en Maryland y Virginia.
Qué se juega mañana ante los jueces
Los casos consolidados Mullin v. Doe y Trump v. Miot plantean dos preguntas centrales: ¿pueden los tribunales revisar las decisiones del secretario de Seguridad Nacional sobre el TPS? Y si pueden, ¿siguió el gobierno el procedimiento que exige la ley al cancelar las designaciones de Haití y Siria?
La administración Trump sostiene que la ley de inmigración prohíbe que los jueces revisen esas decisiones. Los abogados de los demandantes argumentan que el gobierno canceló las protecciones sin consultar a otras agencias federales, ignoró las condiciones reales en ambos países y actuó, en el caso de Haití, con motivaciones raciales, algo que la Casa Blanca niega.
Por ahora, los TPS de Haití y Siria siguen vigentes. La Corte dejó en pie las órdenes de jueces de distrito que bloquearon las cancelaciones mientras se resuelve el litigio. Eso no cambia mañana: los argumentos orales no tienen efecto inmediato sobre el estatus de ningún beneficiario.
Haití: el caso con mayor impacto en el DMV
Haití lleva designada para TPS desde 2010, cuando un terremoto dejó más de 200.000 muertos. Las condiciones no han mejorado, el Departamento de Estado mantiene una alerta de Nivel 4 "No viaje", la más alta de la escala, por violencia de pandillas, desplazamiento masivo y colapso institucional.
El fiscal general de Maryland, Anthony Brown, presentó un amicus brief ante la Corte junto a 18 fiscales generales de otros estados, incluyendo Virginia y el Distrito de Columbia.
"Los receptores de TPS haitiano en Maryland son maestros, trabajadores de salud y empresarios — miembros esenciales de nuestras comunidades".
Brown advirtió que deportarlos "dañaría economías, agotaría fuerzas laborales, aumentaría costos de salud y perjudicaría la seguridad pública".
El pasado 16 de abril, la Cámara de Representantes aprobó por 224 votos a favor y 204 en contra una extensión del TPS haitiano por tres años, impulsada por una petición de descargo bipartidista. La medida está ahora en manos del Senado.
Lo que está en juego para El Salvador, Honduras y otros países
El fallo de la Corte importa más allá de Haití y Siria. Si los jueces dictaminan que los tribunales no pueden revisar las decisiones de TPS, los casos pendientes sobre Honduras, Nepal, Nicaragua, El Salvador y otros países perderían su base legal.
El TPS de El Salvador vence el 9 de septiembre de 2026. Virginia y Maryland se cuentan entre los estados con mayor concentración de titulares salvadoreños de TPS, muchos de los cuales llevan más de dos décadas viviendo y trabajando en la región. La administración Trump ha cancelado el TPS de cada país que ha revisado desde enero de 2025, no ha renovado ninguno.
Para las familias con estatus mixto — algunos miembros con TPS, otros con ciudadanía o residencia — una cancelación significa perder el permiso de trabajo y la protección ante la deportación, pero también la licencia de conducir en varios estados y el sustento de toda la familia. Como ya reportamos en El Tiempo Latino, el miedo a la deportación ya lleva a familias latinas del DMV a alejar a sus hijos de servicios básicos, desde el prekínder hasta las clínicas de salud.
Cómo afecta esto a quienes tienen TPS hoy
Mientras la Corte resuelve, el TPS de Haití y Siria sigue activo. Los permisos de trabajo (EAD) de los beneficiarios continúan válidos. No hay acción inmediata que los titulares de esos países deban tomar por los argumentos de mañana.
Sin embargo, los abogados de inmigración recomiendan que quienes tienen TPS de cualquier país, incluyendo El Salvador, consulten con un especialista para revisar si hay otras opciones de estatus disponibles. Las reglas varían según el país de origen, los años de residencia, si se tiene familia con ciudadanía o residencia permanente, y el historial de renovaciones. Las opciones también difieren por condado y estado, verifica con un abogado certificado o con una organización de servicios legales en tu jurisdicción.
En el DMV, la Amica Center for Immigrant Rights, con sede en Washington, DC, ofrece representación legal y orientación para personas afectadas por cambios en la política migratoria. El Consejo de Inmigración Americano mantiene una guía actualizada sobre los casos de TPS en los tribunales.
Los argumentos orales de mañana durarán una hora. El fallo se esperaría antes del cierre del periodo de sesiones, en junio o julio de 2026. Cualquier decisión tendrá efecto inmediato sobre centenares de miles de personas y reverberará en los demás casos de TPS que siguen en tribunales inferiores. La situación en el DMV, donde condados como Montgomery County ya adoptaron medidas propias frente a ICE, seguirá dependiendo tanto de lo que resuelva la Corte como de las acciones de cada jurisdicción local.
