Trece altos mandos de la Policía Metropolitana de Washington DC (MPD) enfrentan despido tras una investigación interna que confirmó una práctica sistemática de reclasificación de delitos graves para hacer aparecer la ciudad más segura de lo que era. Para los vecindarios de Columbia Heights y Mount Pleasant, donde se concentra una de las comunidades latinas más grandes del DMV, la revelación no es solo un escándalo institucional: es una pregunta directa sobre cuántos incidentes en sus calles nunca llegaron a las estadísticas oficiales.
Qué encontró la investigación interna
El jefe de policía interino Jeffery Carroll anunció el 5 de mayo que los 13 funcionarios, todos con rango de capitán o superior, fueron notificados con papeles de terminación de empleo. Ninguno ha sido despedido formalmente; todos tienen derecho a apelar.
El detonante ocurrió en mayo de 2025, cuando el propio Carroll, entonces Executive Assistant Chief, notó que los números de crimen violento en el Tercer Distrito bajaron un fin de semana en que se habían registrado múltiples tiroteos.
El patrón documentado fue consistente: robos registrados como hurtos; agresiones con armas reducidas a delitos menores; tiroteos clasificados como "persona lesionada" para mantenerlos fuera de los totales de crimen violento. La investigación señaló al comandante Michael Pulliam del Tercer Distrito como uno de los responsables identificados, quien reclasificó 157 reportes. El capitán George Donigian, del Segundo Distrito, reclasificó 360 reportes y admitió ante los investigadores haberlo hecho intencionalmente.
"Estaba incrustado en nosotros buscar siempre el delito menor", testificó a 7News un oficial del MPD ante investigadores internos.
El impacto directo en los vecindarios latinos del noroeste
Columbia Heights y Mount Pleasant son los principales núcleos de la comunidad hispana de DC, con alta concentración de familias salvadoreñas, guatemaltecas y hondureñas. Ambos quedan dentro del Tercer Distrito, la zona donde arrancó la investigación.
Si los delitos ocurridos en esas zonas fueron reclasificados hacia categorías menores, las consecuencias van más allá de las cifras. Los recursos policiales, las asignaciones de patrullaje y los fondos de prevención del crimen se calculan en parte con base en los datos reportados. Un vecindario donde los robos se contabilizan como hurtos puede recibir menos presencia policial preventiva de la que sus residentes necesitan.
Esta tensión entre datos oficiales y experiencia cotidiana ya era perceptible. Como ETL reportó en abril, vecinos de Columbia Heights describían mayor calma que hace dos años pero el miedo persistía ante cualquier noticia de violencia en zonas aledañas, una brecha entre datos y experiencia que este escándalo ayuda a entender.
Cuatro agencias investigan en paralelo
La investigación interna del MPD es solo una de las cuatro activas. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes abrió su propia indagación y le dio al MPD hasta hoy para entregar todos los documentos internos, bajo amenaza de proceso coercitivo. La Fiscalía Federal revisó el caso y declinó presentar cargos penales. La Oficina del Inspector General del Distrito mantiene abierta una revisión independiente.
El borrador del informe del Departamento de Justicia, obtenido por NBC4 en diciembre de 2025, describió el sistema de registro oficial del MPD como "probablemente poco confiable e inexacto debido a clasificaciones erróneas". Los investigadores revisaron casi 6.000 reportes y entrevistaron a más de 50 testigos; aproximadamente un tercio de los reportes de agresión grave revisados estaban mal clasificados.
La alcaldesa y el jefe interino responden
La alcaldesa Muriel Bowser reconoció que se harán cambios para garantizar una segunda revisión de los datos de crimen, pero defendió que la caída en homicidios, tiroteos y carjackings desde 2023 es real e indiscutible.
"El número de homicidios en el distrito bajó precipitadamente, al igual que los carjackings, robos y tiroteos, y eso no esta en cuestión", afirmó.
El escandalo llega en un contexto de tensión entre el gobierno de DC y la administración Trump, que uso las acusaciones de estadísticas manipuladas como justificación para la toma de control federal del MPD en agosto de 2025 y el despliegue de la Guardia Nacional, que permanece en la ciudad.
Que viene ahora
Los 13 funcionarios tienen derecho a apelar antes de ser despedidos formalmente. El informe del Inspector General será el siguiente documento oficial en sumarse. El Congreso aguarda los documentos hoy y, si el MPD no cumple, puede iniciar un proceso de citación obligatoria.
Para los residentes de Columbia Heights y Mount Pleasant, la pregunta practica es si el MPD publicara datos corregidos por barrio. Sin esa información, estos vecindarios no sabrán con precisión que tan distorsionada estuvo la imagen de seguridad que recibieron ni si los recursos de prevención que se les asignaron reflejaron la realidad de sus calles.
