Los datos recolectados por la nueva red social de Trump pueden usarse para solicitar donaciones de cara a las próximas elecciones. FOTO: Washington Post por Jabin Botsford.

El expresidente Donald Trump y sus aliados se involucraron en posibles delitos al desinformar sobre los resultados e intentar anular las elecciones de noviembre de 2020 al buscar obstruir el conteo de los votos electorales en la sesión conjunta del Congreso del 6 de enero de 2021, de acuerdo con una presentación judicial del Comité del 6 de enero que investiga el ataque al Capitolio.  

La presentación es la primera vez que el comité expone su teoría, en base a sus hallazgos, en la que Trump y sus aliados, entre ellos el abogado John Eastman, podrían haber incurrido en delitos, incluidos la obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso, como lo es la certificación de los votos electorales, y conspiración para defraudar al pueblo estadounidense.

“El Comité Selecto también tiene una base de buena fe para concluir que el presidente y los miembros de su campaña participaron en una conspiración criminal para defraudar a los Estados Unidos”, escribió el miércoles el comité en una presentación presentada ante el Tribunal de Distrito de los EE. UU. en el Distrito Central de California.

La investigación, que realiza el panel de 6 de enero, se enfoca en determinar las causas que llevaron a la insurrección del Capitolio y tomar acciones para evitar que vuelva a suceder. No se trata de una investigación criminal; sin embargo, el Comité tiene la posibilidad, al culminar la investigación, de remitir sus hallazgos al Departamento de Justicia para su consideración.

Evidencia en la presentación del panel. Los abogados del comité argumentaron que la evidencia que ha reunido hasta ahora llevó a una “creencia de buena fe de que el Sr. Trump y otros pueden haber participado en actos delictivos y/o fraudulentos” y que el abogado John Eastman fue “utilizado para promover esas actividades”.

En la presentación, reconstruyen los esfuerzos de Eastman al alentar directamente a funcionarios del gobierno a no cumplir con la Ley de Conteo Electoral, que establece el proceso de certificación del Congreso, en el intento de que el exvicepresidente Mike Pence interviniera en el conteo de los votos electorales y, así, anular las elecciones.

Señaló que aconsejó a Trump de llevar a cabo “un plan inconstitucional para ignorar esos resultados el 6 de enero”, señala el Comité. Agrega: “Nada en la Constitución permite que el Congreso o el presidente (el Presidente del Senado, Michael R. Pence) se nieguen a contar los votos electorales certificados en este contexto; sin embargo, eso es precisamente lo que sugirió el demandante. Su propuesta fue objeto de acaloradas discusiones en la Casa Blanca en los días previos al 6 de enero, incluso con el asesor legal del vicepresidente y otras personas que le dijeron al demandante que lo que proponía era ilegal”.

Continua: “Siguiendo este consejo del demandante —consejo que el demandante admitió que ningún miembro de la Corte Suprema aceptaría—, el presidente Trump intentó instruir, dirigir o presionar repetidamente al vicepresidente, en su calidad de presidente a partir del Senado, para que se negara a contar los votos de seis estados”.

El comité describió que Eastman y Trump se reunieron con Pence y su equipo y que Eastman intentó persuadirlo. La presión continuó el mismo 6 de enero en tweets y llamadas telefónicas, previo al ataque al Capitolio. Incluso en el discurso que Trump dio ese mismo día reconoció que Eastman le había dado el consejo. Nueva información del Comité demuestra que Eastman usó su cuenta de correo de Chapman University para escribirle al abogado del vicepresidente, Greg Jacob, para que instara a Pence “a tomar medidas ilegales y negarse a contar los votos electorales”.

Mike Pence se negó a anular el conteo de los votos electorales de forma reiterada y públicamente. Incluso recientemente en febrero enfatizó que Trump estaba equivocado al respecto.

Incluyeron partes de entrevistas que realizaron a funcionarios estatales, funcionarios del Departamento de Justicia, asesores de Trump, entre otros.

Caso Eastman. La presentación judicial del panel forma parte de un impulso legal para obligar al abogado John Eatsman, un actor clave en la estrategia de Trump para anular las elecciones, a proporcionar sus correos electrónicos al Comité, que están en poder de su exempleador Chapman University.

Eastman interpuso una demanda para bloquear el acceso del panel a sus correos electrónicos de Chapman, alegando que revelarían registros protegidos por el privilegio abogado-cliente. Pero en su presentación el Comité puede convencer al juez de la Corte de que los correos no están protegidos bajo ese privilegio.

“Los hechos que hemos recopilado sugieren fuertemente que los correos electrónicos del Dr. Eastman pueden mostrar que ayudó a Donald Trump a promover un esquema corrupto para obstruir el conteo de las boletas electorales y una conspiración para impedir la transferencia del poder”, dijeron en un comunicado los representantes Bennie Thompson y Liz Cheney, presidente y vicepresidenta del panel del 6 de enero, respectivamente.

“Esperamos que el Tribunal revise nuestra presentación a medida que avanza la investigación del Comité Selecto”, agregaron en el comunicado.

Las comunicaciones entre un abogado y su cliente no están protegidas cuando “el cliente estaba involucrado o planeaba un esquema criminal o fraudulento cuando buscó el consejo de un abogado para promover el esquema”.

El abogado de Eastman, Charles Burnham, dijo que, como todos los abogados, Eastman “tiene la responsabilidad de proteger las confidencias de los clientes, incluso a un gran riesgo y gasto personal”.

“El Comité Selecto ha respondido a los esfuerzos del Dr. Eastman para cumplir con esta responsabilidad acusándolo de actividad criminal”, continuó el abogado. “Debido a que se trata de un asunto civil, el Dr. Eastman no tendrá el beneficio de las protecciones constitucionales que normalmente se otorgan a las personas acusadas por su gobierno de conducta delictiva. No obstante, esperamos responder a su debido tiempo”.

Delitos requieren carga mayor. La presentación judicial es “un gran avance “, de acuerdo con el exfiscal federal Randall Eliason, reseñó el Post. Sin embargo, “este es solo un procedimiento civil relacionado con el privilegio abogado-cliente. Para probar los delitos reales más allá de una duda razonable, los fiscales tendrían que afrontar una carga mucho mayor”.

Eliason destacó que la importancia que tiene esta presentación “es que la evidencia que se está descubriendo apunta claramente en la dirección de una posible conducta criminal por parte del propio Trump en relación con los esfuerzos para anular las elecciones. Podemos estar seguros de que el Departamento de Justicia está en contacto con el comité y está observando de cerca”.

Con información de Politico, The Hill, The Washington Post y The New York Times

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